Desde la Justicia de Chubut lo defienden por el caso de la violación en manada. Cuáles son las otras causas del fiscal: de «espionaje» a la comunidad mapuche, en donde se convirtió en acusado, a las denuncias contra el Gobierno de Chubut.
Fernando Rivarola, fiscal general de la ciudad de Rawson, se convirtió en el foco de las críticas y la indignación por haber hablado de “desahogo sexual” al acusar a cinco jóvenes por la violación de una adolescente. Sin embargo, tanto desde las autoridades del Ministerio Público Fiscal de Chubut como desde el área de la Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de la provincia salieron a respaldar el trabajo que hizo aunque lamentaban la frase que se había utilizado.
“Fue sacado de contexto”, dijo el Ministerio Público Fiscal de Chubut, organismo a cargo del procurador general, Jorge Miquelarena. Se aseguró que con esta situación se terminó “sobreexponiendo a la víctima y poniendo en riesgo aspectos cruciales del proceso penal”.
Es que en los tribunales de Rawson destacaban el trabajo que había hecho Rivarola en la causa. Según sostuvieron, la joven había denunciado los abusos años después por redes sociales sin ir a la comisaría. Y el fiscal tomó el caso de oficio, imputó a los señalados y llevó el caso a una condena en un juicio abreviado. “Casi no tenía pruebas y llegó a una condena”, remarcaban.
Todo gira en torno a la llamada “manada de Chubut”, un grupo de jóvenes acusados por la violación grupal de una chica de 16 años en 2012 en Playa Unión. Rivarola acordó una condena por abuso sexual simple para tres jóvenes, y en donde se aludió a un “accionar doloso de desahogo sexual”.
Lo más aberrante no fue solo su decisión, sino la justificación al modificar la calificación legal de “abuso con acceso carnal” por la de “abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas” para tres de los seis jóvenes imputados (dos fueron sobreseídos por ser menores de edad y aseguran que el restante no participó del hecho). Rivarola argumentó el pedido de juicio abreviado utilizando la definición que provocó repudio e indignación.
Todo gira en torno a la llamada “manada de Chubut”, un grupo de jóvenes acusados por la violación grupal de una chica de 16 años en 2012 en Playa Unión. Rivarola acordó una condena por abuso sexual simple para tres jóvenes, y en donde se aludió a un “accionar doloso de desahogo sexual”.
Lo más aberrante no fue solo su decisión, sino la justificación al modificar la calificación legal de “abuso con acceso carnal” por la de “abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas” para tres de los seis jóvenes imputados (dos fueron sobreseídos por ser menores de edad y aseguran que el restante no participó del hecho). Rivarola argumentó el pedido de juicio abreviado utilizando la definición que provocó repudio e indignación.
Tolosa aclaró que la joven fue parte de esas reuniones y consintió ese acuerdo entre la fiscalía y los acusados. “Eso no lo cuestionamos, es una decisión de ella, lo que sí repudiamos es que exista un fiscal, una Procuración y un Tribunal Superior sin perspectiva de género, e incluso con declaraciones machistas”, dijo Tolosa a este medio.
La abogada salió al cruce de los que cuestionaron la forma en que la víctima había hecho su denuncia. “No entenderlo es no comprender la problemática de una violación. Y los tiempos en que se pudo contar los hechos”, aseguró. Y añadió que si bien Rivarola actuó de oficio, la chica se acercó a contar lo sucedido apenas comenzó la investigación y querelló en el proceso.
Los responsables del área de la Procuración de Chubut no quisieron hablar con la prensa. La única que habló fue Mariana Ripa, directora de la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género dependiente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut: “Fueron palabras inapropiadas y comparto la bronca de la gente que se expresa así en todo el país porque no es un desahogo, fue una violación grupal y punto, por lo cual las palabras utilizadas afectan desde lo literal hasta lo simbólico”, dijo.
Pero defendió a Rivarola: “Fue la fiscalía la que comenzó con una investigación de oficio a raíz de lo denunciado por la víctima en redes sociales, es decir, estamos ante un fiscal que avanzó en una investigación y no miró para otro lado. Gracias a ese accionar hay tres acusados que admitieron la autoría, dispuestos a un juicio abreviado que si no hubiera sido por la fiscalía jamás hubieran llegado a esa instancia”.
Las voces desde el oficialismo y la oposición, sin embargo, repudiaron los dichos del fiscal. Los oficialistas Wado de Pedro, Elizabeth Gómez Alcorta y Ofelia Fernández cuestionaron el dictamen del funcionario judicial: “No toleramos más que se les dé la espalda a las víctimas. Es necesaria una reforma de la Justicia y que se investigue a fondo el accionar de este fiscal en la causa”, dijo el ministro del Interior en Twitter. “Llamar ‘desahogo sexual’ al abuso sexual en el marco de una causa judicial es absolutamente repudiable. Es la clara evidencia de la falta de perspectiva de género en la administración de justicia y de la ausencia de capacitación de muchxs integrantes del Poder Judicial”, expresó la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.
También hicieron una dura crítica Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, quien calificó la postura del magistrado chubutense como “machismo en su máxima expresión”.
Los funcionarios del Gobierno de Chubut, a cargo de Mariano Arcioni, salieron a repudiar a Rivarola y anunciaron que promoverían denuncias en su contra. «El gobernador pidió que iniciemos rápidamente una presentación ante el Consejo de la Magistratura”, indicó el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni.
Un dato que no pasó inadvertido para los periodistas locales fue que el fiscal Rivarola había iniciado hace unas semanas una investigación contra el ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, por abuso de autoridad: les había pagado el sueldo a empleados legislativos antes que al resto de los empleados del escalafón más bajo. Según se sostuvo, el pago de haberes en marzo a los integrantes del Poder Legislativo tuvo como único objetivo que el gobernador llevara adelante la sesión de apertura en la legislatura local “sin inconvenientes, toda vez que hasta el día viernes los empleados de dicho Poder estaban de paro de actividades por la falta de pago de sus salarios”.
Sin embargo, el ministro Antonena denunció la presunta falta de objetividad del fiscal Rivarola por entender que incurrió en una falta al tratar de impulsar la acción pública y pedir la apertura de una investigación. Es que la denuncia había sido promovida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, entidad de la que Rivarola es miembro.
Rivarola y la comunidad mapuche donde estuvo Santiago Maldonado
No es la primera vez que Rivarola protagoniza un escándalo. Incluso como acusado en una causa penal. Es que en el 2015 se entrevistó junto a otra fiscal y dos policías con un agente de la AFI que había sido enviado al Sur a investigar a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen.
Se trata de la comunidad mapuche donde pasó sus últimos días Santiago Maldonado, el artesano cuyo caso sacudió a la opinión pública cuando desapareció días antes de las PASO de 2017. Su cadáver fue hallado el 17 de septiembre en el río Chubut, cuando –según la Justicia– quedó atrapado al querer cruzar junto a otros lugareños escapando de los hombres de Gendarmería Nacional. Murió ese mismo 1 de agosto que había sido visto por última vez.
Pero la denuncia contra Rivarola fue mucho antes de que ocurriera el caso Maldonado. Precisamente, cuando se empezó a investigar a la comunicad Pu Lof por presuntas actividades terroristas. El agente de la AFI que hizo estas tareas de inteligencia, sin autorización judicial, fue procesado. Y también fueron procesados Rivarola y la fiscal María Bottini, que aceptaron información ilegal proveniente de ese espía, junto a los policías Claudio Alfredo Rodríguez, encargado de la Sección Comarca Andina de la Brigada de Investigaciones de Esquel, y Adrián Alejandro Muñoz, jefe de la División Investigaciones de Esquel.
En aquel momento, el juez federal Guido Otranto determinó que los fiscales y los policías «en el ejercicio de sus funciones específicas han aceptado y mantenido la relación que entabló con ellos el agente de inteligencia, con el propósito de recibir la información que él producía en su condición de tal que estuviese relacionada con el grupo que realizó la ocupación territorial en Leleque”.
De hecho, según pudo saber Infobae, lo más grave fue que en su defensa los fiscales terminaron reconociendo que habían recibido esa información, pero que no sabían que era ilegal. No solo se había investigado a la comunidad mapuche, sino que también habían espiado a dirigentes, periodistas y militantes por el grupo ambientalista “No a la mina” que se oponían a la instalación de una mina de Esquel (la carpeta que le encontraron se llamaba «Activistas antimineros en Zona de Comarca Andina”).
El procesamiento contra Rivarola y el resto fue revocado en 2017 por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Pero el caso llegó en apelación a la Cámara Federal de Casación Penal que anuló esa decisión y ordenó seguir investigando. Actualmente Rivarola tiene un sobreseimiento que no está firme y el caso debería llegar a juicio oral para que se resuelva si lo que hicieron los fiscales debe encuadrarse como un delito, indicaron fuentes judiciales a Infobae.
Lo cierto es que a raíz de aquel escándalo Rivarola, que era fiscal de Esquel, fue trasladado a Rawson. “Se fue con todo el respaldo, a un cargo alto”, señalaron. Precisamente, en Rawson, en los últimos días, Rivarola volvió a ser noticia. Esta vez, por utilizar la frase de “desahogo sexual” frente a una brutal violación en grupo.
Fuente: Infobae
