Desde varias áreas del Ejecutivo, principalmente Seguridad, estudian los modelos de países y Estados que ya regularon el uso de marihuana o tienen discusiones en curso. Consideran que la legislación actual genera gastos innecesarios al perseguir al consumidor y ejecuta detenciones injustas.
La planta de cannabis podría abandonar su estatus de “sustancia prohibida” en Argentina este 2020. Después de casi 90 años de persecución a los usuarios y cultivadores y de ininterrumpidas campañas globales de demonización de su flor, conocida popularmente como marihuana, y a más de 30 años de sancionada la actual ley de drogas, el Gobierno nacional activó los primeros mecanismos para cambiar la legislación y dar un paso paradigmático: el de la regulación y el fin de la criminalización.
“La solución no es andar persiguiendo a los que se fuman un porro”, remarcó Alberto Fernández en junio del año pasado, cuando aún como candidato le preguntaron por la cuestión del cannabis en un programa de radio. Aquella vez, el ahora Presidente, aseguró que daba por comprobado que “persiguiendo como perseguimos sólo generamos un mercado negro que es perfecto para los grandes delincuentes del narcotráfico y le arruina la vida al pequeño consumidor, que ha decidido intoxicarse, como el fumador de tabaco, que lo hace cotidianamente”.
Infobae pudo confirmar que, bajo esa premisa, el Gobierno trabaja desde los primeros días de su asunción en un proyecto de regulación que contemple, de base, la despenalización de la tenencia de cannabis para consumo personal y del autocultivo, también para uso privado. Y que la idea es que el Congreso lo debata este año, lo más pronto posible a partir de que haya un modelo consensuado.
El ministerio que más se mueve en este sentido es Seguridad. La ministra Sabina Frederic, junto a su equipo, comenzó a estudiar los modelos de regulación de otras partes del mundo, con especial atención en Canadá, Uruguay, los 11 estados de EE.UU que legalizaron todos los usos, como Colorado, California e Illinois, entre otros, y también proyectos de ley que todavía no están aprobados, tal es el caso de Chile, cuya regulación tiene media sanción en Diputados.
Todos los proyectos establecen la libertad de los usuarios de tener cannabis para fumar y también de cultivar sus propias plantas, excepto Illinois donde por un pedido de la Policía sólo se permite el cultivo a usuarios medicinales.
En los casos de los países de América del Norte, la regulación incluye el mercado. Es decir, que además de tener y cultivar, los usuarios pueden comprar (y también vender, bajo estrictas condiciones de licencia) en el mercado legal, en locales conocidos como dispensarios, donde cada cliente elige entre un “menú” la cepa que prefiere, la cantidad o la forma (en aceite, extracciones, en cigarrillos armados o simplemente los cogollos de la flor).
En el caso de Uruguay el mercado también está regulado pero bajo el monopolio del Estado, que se encarga de aprobar la actividad de las empresas interesadas y, especialmente, de vender y distribuir el cannabis para su consumo adulto a través de 16 farmacias autorizadas. Esta característica, al menos por ahora, lo hace un modelo impracticable a los ojos de los funcionarios del Gobierno que estudian el tema.
La idea del Gobierno nacional, por lo pronto, apuntaría en una primera etapa a destrabar el conflicto que generan las detenciones de consumidores y cultivadores bajo la bandera de “la guerra contra el narcotráfico”. Si bien al menos por ahora no existen cifras oficiales, de acuerdo con datos salidos de oficinas judiciales más de la mitad de los detenidos por infracción a la ley de drogas son consumidores.
Fuentes del gobierno ya estiman que en un 80% de los apresados con marihuana tenían menos de 5 gramos en su poder al momento de ser aprehendidos por alguna fuerza policial. Son datos que la gestión anterior dejó cerrados y el actual Gobierno busca abrir, probablemente para demostrar los resultados verdaderos de la campaña antinarco que comandó Patricia Bullrich.
En Capital, según una estadística de la fiscalía de Federico Delgado, durante 15 días de agosto de 2018, la cantidad de detenciones fue récord. El 90% del total de causas iniciadas en ese turno fueron por la ley de drogas, y el 73% fue por tenencia para consumo. De ese número, el 95% de los casos era cannabis la sustancia en cuestión, con un promedio de 9 gramos por persona.
La fiscalía de Delgado hizo una cuenta que llamó la atención en el Gobierno nacional para replicar a nivel macro: cuánto le cuesta esto al Estado. Según el fiscal, sólo en peritajes científicos para constatar las sustancias se gastaron, en dos semanas de 2018 en una sola fiscalía, $ 1.000.000.
En Illinois firmaron la amnistía para 11.000 presos por tener escasa cantidad de marihuana. Canadá también extendió un perdón y liberó a los detenidos. Al igual que en Argentina, el tema está cruzado por lo social. La mayoría de los presos por tenencia de drogas en Argentina es pobre. En Estados Unidos y Canadá es igual: pobres y negros o latinos. De momento, ni en el Ministerio de Seguridad ni en Balcarce 50 hablan de la posibilidad de una amnistía.
Por eso, la idea de Fernández y de Frederic es diseñar un proyecto de ley que establezca una cantidad máxima de posesión de marihuana para consumo personal en adultos mayores a 18 o 21 años y lo mismo con las plantas, aspecto en el que todavía se debaten si apuntar a metros cuadrados cultivados o a cantidad de plantas. Esta última opción es por la que se inclinan casi todos los modelos de regulación del mundo y se explica porque no todas las plantas dan flores, solo las hembras.
En Canadá, por ejemplo, cada usuario puede tener hasta 30 gramos en su poder y cuatro plantas. En Uruguay, donde deben estar anotados en un registro supuestamente anónimo, pueden cultivar hasta seis plantas hembras (que son las que florecen y que producen la molécula psicoactiva THC). En el estado norteamericano de Colorado cada persona mayor de 21 años puede tener hasta 6 especímenes (tres florecidas).
La idea del Gobierno nacional es impulsar desde el Ejecutivo un proyecto de ley consensuado con los diversos actores sociales (desde las agrupaciones cannábicas hasta la Iglesia) y, a pesar de que la prioridad sería la tenencia y el autocultivo, no descartan que en el proyecto se incluyan otras formas de acceso a la sustancia, como los clubes de cultivo o la venta minorista.
Frederic ya comenzó a abrir el juego. Días atrás se reunió con referentes del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, que nuclea más de 30 organizaciones, entre cannábicas, de Derechos Humanos, Sociales, médicas y contra la violencia institucional de todo el territorio nacional, que ya trabajan desde el año pasado en un proyecto de nueva legislación basado en estos 5 puntos:
1. La regulación legal del cannabis en la Argentina para personas mayores de 18 años es una medida necesaria y urgente, que debe basarse en el respeto por las libertades individuales y las prácticas culturales. Esta regulación busca minimizar las secuelas del narcotráfico y proteger la salud pública, no promover el consumo.
2. Tanto el consumo responsable del cannabis y sus derivados como su acceso en condiciones que impliquen la máxima reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades constituyen el principal objetivo de las políticas públicas en la materia. Restricciones similares a las vigentes para el tabaco podrían aplicarse al cannabis.
3. El cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país después del alcohol y del tabaco. Las características del mercado ameritan un sistema de producción, distribución y comercialización a gran escala que cubra la demanda existente y sea lo suficientemente estricto para resguardar los fines sanitarios de la regulación.
4. El autocultivo y los clubes sociales o las formas cooperativas para producir cannabis deben ser protegidos por la regulación, al igual que la disponibilidad de semillas. Son prácticas amparadas constitucionalmente que además posibilitan el acceso democrático y equilibran el precio de mercado.
5. La regulación legal del cannabis presupone no criminalizar conductas asociadas al consumo. Esto también aplica al resto de las sustancias psicoactivas, como sostiene el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De lo contrario, se seguirán coartando derechos humanos de lxs usuarixs de estas sustancias.
Si bien consideran que no hay apuro, en el Gobierno no quieren que las cárceles se sigan llenando de consumidores. Esperan que en un par de meses ya tengan un modelo de legislación consensuado y que empiece a discutirse en el Congreso. No sólo son Alberto Fernández y Sabina Frederic quienes respaldan esta idea. Tanto los ministros de Salud y Seguridad de la Provincia, Daniel Gollán y Sergio Berni, se manifestaron abiertamente a favor de un cambio de paradigma. Y lo mismo opinan más de un diputado y diputada del Frente de Todos.
Paralelamente al impulso de este proyecto, el Ministerio de Salud se encargará de mejorar la actual ley de uso medicinal, que así como está es muy restrictiva y hace del acceso a los aceites un trámite burocrático imposible y acotado a solo una enfermedad, la epilepsia refractaria.
Semanas atrás, la organización Mamá Cultiva envió una carta al Presidente y a la vice, Cristina Fernández de Kirchner, para que regulen el autocultivo con fines terapéuticos. “Estamos en emergencia”, advirtieron. Se estima que, así como se prevé la legalización del autocultivo, también se les permita a las madres tener sus plantas para fabricar sus aceites. En los pasillos oficiales, muchos hacen el mismo chiste fácil: “Se viene un año verde”.
