El gobernador Gustavo Bordet reunió este miércoles a su equipo de gobierno, a fin de evaluar el escenario económico y social que se generó a partir de la corrida cambiaria de los últimos días. Dispuso nuevas medidas de contención del gasto y la priorización de partidas para contención social, alimentaria y sanitaria.
Las medidas presidenciales anunciadas este miércoles, más allá de las evaluaciones políticas de coyuntura, implican una importante pérdida de ingresos a la provincia que sólo en ganancias (que es un impuesto coparticipable) significa 1.100 millones de pesos.
En ese marco, Bordet definió como prioritario el pago de los sueldos en tiempo y forma de modo de contener al sector asalariado y sostener el movimiento económico.
“Vamos a cumplir con nuestras obligaciones esenciales en salud, educación y contención social, para aquellos sectores que pierden cada vez más poder adquisitivo”, refirió el mandatario acompañado por el vicegobernador Adán Bahl.
“No vamos a tomar nuevas deudas ni a emitir letras para pagar gastos corrientes. Seguiremos llevando adelante una gestión transparente, austera y ordenada”, dijo Bordet antes de resaltar que “vamos a seguir trabajando con seriedad y responsabilidad”.
“Esta es una coyuntura difícil y ratificamos nuestro compromiso con los entrerrianos a pesar de las repercusiones de la corrida cambiaria y la incertidumbre en los mercados”, expresó el mandatario.
Sobre el encuentro
«En esta reunión de gabinete ampliado hice una síntesis y análisis respecto a las medidas anunciadas por el gobierno nacional esta mañana. A esto lo hacemos a partir de los anuncios porque no hay normativa concreta al respecto pero expresamos que las medidas tienen un costo fiscal no solo para el gobierno nacional sino fundamentalmente para las provincias», informó el ministro de Economía, Hugo Balaly, al finalizar el encuentro.
«En el caso de Entre Ríos el anuncio de disminución en el Impuesto a las Ganancias y en el monotributo, que el Estado nacional habla de un costo fiscal de 40 mil millones de pesos, a la provincia le implica un cálculo de acá a fin de año de 1100 millones de pesos de disminución de los recursos coparticipables», detalló el ministro. Ante esto, consideró que «es una medida tomada por el gobierno nacional, sin consultar a quienes somos partícipes de este impuesto como todas las provincias y es el primer análisis que tenemos».
No obstante Ballay aseguró que «las medidas también tiene otro impacto que no lo podemos medir en pesos pero son muy preocupantes, porque la mayoría de las provincias han acordado en paritaria cláusulas salariales relacionadas con una actualización atada a la inflación.
El ministro puntualizó a su vez: “En la reunión se dejó en claro que el gobierno nacional hace prácticamente tres meses que no manda ninguna partida respecto a las deudas que tiene con Vialidad nacional, con el Instituto de la Vivienda, con el Ministerio de Salud, y con la Secretaría de Energía”.
Por su parte la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, dijo que “La reunión tuvo que ver con una decisión que tomó el gobernador en contextos como los que estamos atravesando, haciendo un diagnóstico de la realidad respecto del costo fiscal que significan algunas medidas que están tomando en el plano nacional, inconsultas también con las provincias”.
Y al respecto, añadió: “Me perece importante poner en valor hoy que el haber ordenado las cuentas posibilita que se puedan tomar decisiones en función de las prioridades que se establezcan y para garantizar derechos. Por eso trabajan todas las áreas en este aspecto, priorizando en el marco de las herramientas y las políticas de contención, de control del gasto y poniendo esto en situación. Hay equilibrio fiscal, están garantizados los derechos, prioricemos en el marco de las políticas públicas”.
A su vez Stratta sumó: “Ha habido una definición desde que comenzamos la gestión de parte de del gobernador de priorizar, en el marco de la agenda pública, la contención sociosanitaria de la población. Y hoy el gobernador nos ha convocado para seguir fortaleciendo este camino en orden al contexto y la situación que estamos atravesando”.
En ese orden, la ministra agregó: “El gobernador ha marcado la importancia de poder priorizar en el marco de las políticas del gobierno lo que tiene que ver con las políticas alimentarias de desarrollo Social. Esto de tener cuidado con los gastos superfluos y hacer de nuestra gestión el ejemplo, poder generar políticas que contengan a la población, y que mitiguen estas situaciones que se generan por las decisiones que se toman en el plano nacional”.
“Hay un proceso inflacionario que licua el salario y hace que las necesidades básicas no se puedan cubrir al interior de las familias y ahí tiene que estar el Estado presente. Ese es el pedido del gobernador: poder seguir acompañando, diseñando políticas que mejoren la situación que pasan muchas familias que la están pasando mal”, ahondó al respecto.
Y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, destacó: «El gobernador nos ha pedido volver a poner en agenda no solamente el control del gasto sino también un profundo sentido solidario a la gestión para seguir una línea con la gente que no la está pasando bien».
«Tanto a Desarrollo Social como a Salud y Educación nos tienen como primera puerta de entrada de la situación social y sanitaria”, observó además.
Sobre el final, Velazquez reafirmó: «Hoy los efectores de salud están controlando sus stock de insumos, porque en la disparidad cambiaria emitida en estos días han llegado al momento de no entregar insumos, y hemos estado haciendo una racionalización y optimización del gasto para poder garantizar en primera instancia el derecho humano fundamental, y por eso lo ha puesto en la agenda pública, entendiendo a la salud como un bien social. Así es como articulamos la política interministerial y también siendo profundamente solidarios con los trabajadores y con quienes tienen a los sectores de servicio como única puerta y atención sanitaria».
Autoridades
El mandatario estuvo acompañado po las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta, de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, y de Salud, Sonia Velazquez, y los ministros de Economía, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Luis Benedetto.
También participaron de la reunión el diputado provincial Juan Navarro; la senadora nacional Sigrid Kunath; y los diputados nacionales Julio Solanas, Juan José Bahillo y Mayda Cresto; del presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Casaretto, junto a funcionarios y funcionarias de distintas áreas de gobierno.
