La provincia convocó a referentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) para trabajar en forma consensuada algunos aspectos prioritarios de la Ley 9755 de Empleo Público.
También presentó un informe sobre la situación del empleo público en la administración entrerriana, el cual fue valorado por los representantes gremiales que se comprometieron a efectuar aportes en esa materia.
Presidida por la secretaria de Modernización, Ciencia y Tecnología, Lucrecia Escandón, se realizó este miércoles en la sede de esa repartición, un encuentro con representantes de los gremios ATE y UPCN con miras a conformar una mesa técnica de trabajo con el fin de abordar algunos aspectos de la ley 9755.
Al término de la reunión, Escandón afirmó que desde el inicio de la gestión del gobernador Bordet se definió como una prioridad de gestión del área avanzar sobre la regulación de la ley de empleo público 9755. «Generalmente las administraciones públicas se caracterizan por tener un desarrollo desestructurado y con muchos cambios en el marco de las gestiones y eso ha atentado con normativizar algunos derechos y obligaciones propios del trabajador de la administración público que hoy se encuentran distribuidos en una gran cantidad de normas», precisó la funcionaria.
Comentó que «hay decretos que datan de la década del 60 y obviamente en la evolución de la planta de los trabajadores, se requiere de una urgente actualización y unificación normativa con criterios objetivos para evitar inconvenientes y para que todos los trabajadores tengan garantizados sus derechos».
Luego sostuvo que la de este miércoles fue «una instancia más de diálogo que hemos iniciado en diciembre de 2015. En una primera instancia, nuestro compromiso era construir información fehaciente respecto a la composición del empleo público provincial para poder tomar decisiones políticas informadas. En ese sentido, presentamos hoy a UPCN y ATE un primer informe que habla sobre la composición del empleo público en diferentes aspectos, como la evolución etaria de la planta, la perspectiva de género, la composición por cada categoría, clase, todo lo referido al escalafón general», indicó.
Dijo también la secretaria de Modernización que «el estudio no busca sólo mirarse a uno mismo sino que incluyó la comparativa nacional y en ese esquema, la provincia de Entre Ríos se ubica por debajo del promedio de la cantidad de trabajadores públicos, cada 1.000 habitantes, que es el dato que se maneja desde el Ministerio del Interior, con información que data de 2016. Es decir que el empleo público no es un problema como muchas veces se plantea en el marco de la perspectiva de gobierno. Sí tenemos enormes desafíos en materia de regulación y de mejora de distintos procesos que hacen a lo que nosotros entendemos como el ecosistema del empleo público».
Tras mencionar que el trabajo se realizó con el aporte de distintos organismos como Recursos Humanos, Economía, Trabajo y Gobierno, Escandón sostuvo que “el trabajador no es únicamente un factor liquidatorio, ni tampoco es únicamente un actor respecto de las mesas gremiales o paritarias salariales, sino que lo entendemos desde una perspectiva amplia donde hablamos de políticas que tengan que ver con la no discriminación, con género, con formación como ha sido el plan de capacitaciones de la administración pública. De hecho dentro del informe están por ejemplo los desafíos que tenemos respecto de terminalidad educativa en el cual estamos continuamente avanzando”.
Más adelante, comentó: “Este trabajo tiene que ver con la unificación de las bases de dato de la provincia, puesto que hemos podido cruzar datos de Liquidaciones, Recursos Humanos y distintas áreas del Estado que hacen a un mismo individuo que es el trabajador estatal. Con esta información fehaciente tenemos la capacidad de tomar decisiones políticas respecto a cómo regularizar algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos y obligaciones del trabajador”.
“Lo que hemos definido junto a los gremios es primero reconocer la complejidad de la ley 9755. Estamos hablando de más de 100 artículos que regulan muchísimas facetas respecto al trabajador, cada uno de sus derechos y obligaciones, como por ejemplo las licencias, hasta lo que tiene que ver con ingreso por concurso”, continuó diciendo la funcionaria y acotó que “en una primera instancia, con desconocimiento de los números y los indicadores sobre el tema de empleo público, se había tenido la perspectiva de hacer una regulación completa de esa ley. Obviamente cuando empezamos a trabajar reconocimos los enormes desafíos y hemos visto la oportunidad junto a los gremios de ir avanzando sobre temáticas específicas y una agenda en particular de regulación. En este caso, lo que se le entregó a los gremios fue un análisis normativo sobre los distintos regímenes hoy en la provincia que regulan el tema de licencias, justificaciones y francos, donde encontramos algunas normas que datan de la década del 60 y otras que no están vigentes como la licencia por servicio militar”.
Finalmente, precisó Escandón: “Quedamos en mantener una segunda reunión de trabajo dentro de 15 o 20 días, donde los gremios, luego de analizar las normativas, traigan una propuesta de mejora respecto de la unificación, y así también lo haremos nosotros desde el Estado. Además, vamos a presentar otras etapas del informe que elaboramos desde el gobierno provincial. Acá vimos composición del empleo pero también está todo lo vinculado al componente salarial, con la proyección de evolución de la planta de los trabajadores de la administración pública de acá a 10 años, muchos datos que hemos construido con el aporte de distintas reparticiones y con el acompañamiento del trabajo que habíamos dispuesto con el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) que nos ha ordenado respecto de cómo construir esa información y generado capacidades en el Estado para que ahora podamos mantener esa información permanentemente actualizada”.
En el encuentro participaron el secretario de Organización y la vocal de ATE, Víctor Grandoli y Viviana Rivero, y los secretarios adjunto y gremial de UPCN, Fabián Monzón y Carina Domínguez, respectivamente, entre otros dirigentes gremiales, y representantes de distintos organismos del Estado provincial.
