En el Estado nunca falta quién observe la posibilidad de hacer un negocio particular con bienes públicos. Ejemplos sobran y mucho más grandes que el que se cuenta a continuación, que es la sustracción de 119 celulares de la Policía de Entre Ríos. Tras la denuncia judicial, todo apunta al accionar ilícito del ex jefe de la División Comunicaciones, dependiente de la Dirección Operaciones y Seguridad, comisario Claudio Velázquez; quien era su asistente y un técnico de la División Comunicaciones, quienes quedarían imputados en la causa que está a cargo del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. Los tres ya fueron intimados a designar abogados defensores por el delito de peculado de bienes públicos, y en breve serán citados a declarar.
La fuerza provincial tiene una amplia flota de teléfonos entregados en comodato por Personal, la empresa prestataria del servicio. Cada tanto, se envían aparatos para reponer los que se rompen. La División Comunicaciones, de la Dirección Operaciones y Seguridad, es el área encargada de recibir, repartir y reparar los celulares, entre otras funciones. Hasta los cambios implementados a inicios de este año, el área estuvo a cargo del comisario inspector Claudio Velázquez, quien incluso fue ascendido a subdirector de Ayudantía General de la Plana Mayor.
En junio de 2018 fueron entregados unos 200 celulares de diversos modelos. Algunos fueron distribuidos en áreas policiales, pero la mayoría quedaron guardados.
Entre febrero y marzo, previo a los cambios dispuestos en las distintas áreas de la Policía, el director de Operaciones saliente, Gustavo Schierloh, preguntó por los celulares que habían llegado siete meses antes. Nadie supo responder, por lo cual se dirigió a la Fiscalía a radicar la denuncia.
El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull le tomó la declaración e inició la investigación. De este modo, Claudio Velázquez quedó en el centro de las sospechas. El fiscal informó a diario Uno sobre los avances que se dieron en la investigación.
Se determinó que eran 119 los celulares que habían sido sustraídos. Se hicieron varios allanamientos, entre ellos a la casa de Velázquez y de su secretario o asistente, donde secuestraron teléfonos y documentación. También hubo una requisa en la Jefatura Central de la Policía, donde incautaron material para ser analizado en la causa.
En la investigación, algunos celulares fueron recuperados. Hubo quienes los entregaron por su cuenta, haciéndose los desentendidos; incluso un alto jefe lo devolvió porque lo estaba usando su hijo. Otros, efectivamente, habían sido entregados y estaban siendo utilizados en la función policial, pero no se había dejado constancia formal de la entrega.
En tanto, se advirtió que unos 70 celulares estaban activos con líneas particulares. De este modo se pudo identificar a quienes tenían esos teléfonos porque los habían comprado, de buena fe, a un tercero. Lógicamente, a los que pudieron ser localizados, se los quitaron. En este sentido, hubo procedimientos en Paraná, Diamante y en el norte de la provincia para recuperarlos. Mientras, están en tratativas para secuestrar otros aparatos.
Finalmente, hace unos días, lograron identificar al intermediario: la persona que los recibía de parte de los policías y los comercializaba. Cuando allanaron su vivienda, quedó detenido porque rompió su celular, y así pretendió obstruir la investigación. Igualmente se pudo peritar el aparato y se encontró la información necesaria para la investigación: en la cuenta de Facebook del joven estaban las fotos de los celulares de la Policía que ofrecía a través de la red social.
El intermediario dijo que sabía que los teléfonos eran de la Policía, pero desconocía que lo que hacían era algo ilegal.
Todos eran marca Samsung, modelo J2. Él los compraba a los policías a 800 pesos cada uno, y los revendía a 3.500 a sus clientes. Parecía un negocio redondo para todos, mientras que nadie preguntaba sobre el verdadero origen de los aparatos.
En los últimos días, un técnico del área de Comunicaciones quedó implicado en la maniobra, según la información reunida en la pesquisa.
Próximamente, el fiscal citará para la declaración de imputados a tres funcionarios: Claudio Velázquez, su asistente y un técnico del área Comunicaciones. Los tres ya fueron intimados a designar abogados defensores. El delito que se investiga es el peculado de bienes públicos.
El Código Penal sanciona con «inhabilitación especial de un mes a tres años», al funcionario público «que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados», y para aquel que «sustrajera caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo» le impone «reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua».
Más allá del desenlace de la causa, la misma explica por qué en algunas comisarías sus encargados deben utilizar celulares rotos o sus líneas personales para el trabajo, y por qué los pedidos de reposición o reparación de parte de jefes de otras áreas nunca tenían respuestas.
Un área sensible y de inversiones importantes, bajo la lupa
La División Comunicaciones de la Policía no solo se encarga de la administración y reparación de los celulares oficiales. Adquirió un rol de relevancia cuando comenzaron las gestiones para instalar el sistema de video vigilancia del 911 en Paraná, para lo cual la provincia hizo una inversión millonaria.
Pero además, luego de esta experiencia con la gestión del ex jefe de la fuerza, Roberto Massuh, el mismo jefe de la División (hasta febrero pasado) era el encargado del vínculo de la Policía con los distintos municipios que fueron instalando cámaras de vigilancia en toda la provincia.
Y este era un aspecto que siempre llamó mucho la atención: en pueblos donde nunca sucedían hechos de inseguridad, se adquiría el sistema con la gestión de la Policía. En este marco, el presunto negocio ilícito investigado por la faltante de celulares parece monetariamente insignificante en relación a otros asuntos que pasaban por dicha División.
