El proyecto, que tomó estado parlamentario en la última sesión de la Cámara de Diputados, plantea derogar la Ley Electoral Provincial y que los candidatos se definan en función de lo que determinan las cartas orgánicas de los partidos.
El proyecto de la diputada María Emma Bargagna (FAP), establece la derogación de la Ley 9.659 (Ley Castrillón) y su modificatoria Ley 10.376.
En el artículo 2º se dispone que «la selección de los candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales en la provincia de Entre Ríos deberá realizarse de conformidad a lo que disponga la Carta Orgánica del partido político que lo postule».
Y aclara que «en el caso de presentarse una alianza electoral, cada partido político que la conforme seleccionará al candidato o candidatos que le corresponda postular de acuerdo a la distribución de espacios alcanzado, según el procedimiento que establezca su carta orgánica».
En los fundamentos del proyecto, la legisladora afirmó que «jamás el electorado de nuestra provincia ha estado frente a una situación de mayor manipulación, confusión y perplejidad que la que se va a producir en el proceso electoral del 2015 como consecuencia de la aplicación de la Ley 9.659 (Ley Castrillón) y su modificatoria, la Ley 10.376 (sancionada en el decurso del actual proceso electoral)».
«El abuso del derecho constitucional en que incurre la ley provincial ha quedado patente ya que, al llevarla a la práctica, es evidente que vulnera dos normas básicas y principales de la Constitución nacional: el derecho a la libertad de elegir y la existencia misma de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático (arts. 37º y 38º C.M)», consideró Bargagna.
«Una oferta ‘shopping’ en la que varios precandidatos se postulan con listas de diversas agrupaciones, en una oferta electoral en la que propuestas antagónicas concilian en una misma boleta aparecen como el cambalache al que se somete al electorado para adecuar el interés individual de algunos grupos en desmedro de la libertad del ciudadano y el interés general de la República en el fortalecimiento de las instituciones de la democracia», aseveró.
«La admisión de colectoras que hasta hace poco era cuestionada y rechazada siguiendo un correcto razonamiento constitucional ?para evitar la confusión y manipulación del elector? de las Cámaras Nacionales Electorales se ha abandonado o tergiversado, dando paso a la presión de grupos minoritarios que disputan el poder dirimiendo sus internas con fondos públicos y una profundización de la discrecionalidad, a través de la utilización del padrón general del electorado y no con el padrón de afiliados de su propio partido político al que dicen pertenecer», argumentó. «Ese sistema de colectoras retrocedió al punto de aceptarse las directas y las inversas en la que se presentan precandidatos para cargos de menor y/o de mayor nivel, todos ellos, en una misma boleta de precandidatos de mayor y/o menor nivel», añadió.
Luego Bargagna subrayó que «es el sistema de mayor ‘opacidad’ que ha conocido la provincia de Entre Ríos. El que más perjuicio causa al elector y el que más afecta a los partidos políticos».
«Como lo informa el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), del resultado de los análisis de los regímenes nacional y provinciales, se desprende que la difusión de las listas colectoras ha resultado extremadamente perjudicial para la transparencia del proceso electoral».
