El juez federal Claudio Bonadío ordenó un procedimiento en la empresa José Eleuterio Pitón SA en el marco de la investigación por el supuesto pago de coimas para la adjudicación de obras públicas. La Policía Federal llegó a las oficinas de la firma con una orden para hallar documentación.
Efectivos de la Policía Federal realizaron este jueves un procedimiento en las oficinas de la empresa constructora José Eleuterio Pitón SA, en Gualeguay, en el marco de la investigación derivada de los denominados “cuadernos de la corrupción”. La medida se replicó en otras empresas mencionadas por el financista “arrepentido” Ernesto Clarens.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadío, que tiene a su cargo la investigación por el supuesto pago de coimas para la adjudicación de obras públicas durante el kirchnerismo, en la que está procesada la ex presidenta Cristina Fernández, como jefa de una asociación ilícita que integraban empresarios y ex funcionarios.
Según pudo saber Página Judicial, los efectivos llegaron a las oficinas de la empresa ubicada en calle Rivadavia 50 de Gualeguay con una orden de presentación destinada a conseguir información vinculada a la obra pública y sus negocios en el período comprendido entre 2003 y 2015. La misma medida se dispuso para otras setenta empresas.
El nombre de Pitón había sido aportado por el “arrepentido” Ernesto Clarens. El financista dijo haber recibido instrucciones de José Francisco López, ex Secretario de Obras Públicas de la Nación, para recaudar dinero de sobornos para financiar campañas electorales; y entregó al juez Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli una detallada planilla de Excel con los nombres de alrededor de un centenar de empresas constructoras que pagaban esos sobornos, la fecha y los montos, según el monto de la obra y el porcentaje; y explicó que él tenía el trabajo de recaudar o cambiar los pesos a dólares.
En esa planilla aparecían cuatro empresas entrerrianas: Luis Losi SA, de Paraná, que ejecutó obras por 400 millones de pesos; LP Pietroboni SA, de Concepción del Uruguay, que realizó trabajos por 200 millones de pesos; Codi SRL Construcciones, de Concordia, que ejecutó distintas obras nacionales por 70 millones de pesos; y José Eleuterio Pitón SA, de Gualeguay, que hizo obras por 60 millones de pesos.
A raíz de eso, el magistrado solicitó a la Inspección General de Justicia que informe quiénes eran las autoridades de las empresas y que se informara también si integraron uniones transitorias de empresas (UTE) mediante las que hubieran participado de licitaciones de obra pública entre 2003 y 2015.
Fuente eldiaonline.com
