En la investigación que lleva adelante la Fiscalía Anticorrupción a raíz de presuntas irregularidades detectadas en contratos suscriptos en la Legislatura entrerriana en la última década, ya se determinó que los recursos desviados mediante las maniobras superan los 2.000 millones de pesos, ya declararon en sede judicial más de 60 contratados y, a la vez, se complica la situación del ex gobernador Sergio Urribarri, actual presidente de la Cámara de Diputados, a partir de la presunción de los fiscales de que Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera, a su vez cuñado del ex mandatario, era una de las personas que recibía el dinero tras la recaudación vía cobro de cheques y extracción de cajeros y se lo acercaba a los hombres del poder político. 
También se conoció más información surgida del análisis de cuadernos secuestrados en los domicilios de los detenidos. En esos papeles figuran números, detalles de repartos e iniciales de legisladores y personas beneficiadas.
