El proyecto de Presupuesto para 2019 incorpora la posibilidad de que la AFIP exceptúe del secreto fiscal a la ANSES si le pide datos socioeconómicos o patrimoniales de los beneficiarios de prestaciones o subsidios, tanto para detectar fraudes como para definir el derecho al acceso basado en condiciones de vulnerabilidad.
El organismo previsional ya hizo el año pasado análisis socioeconómicos y patrimoniales de los poco más de 2 millones de beneficiarios de las moratorias previsionales ya adjudicadas, pero AFIP sólo respondió con datos estadísticos agregados y por «sí» o por «no» si superan determinado parámetro, para salvaguardar el secreto fiscal. El estudio determina si esa población jubilada es o no vulnerable, pero no puede modificar o quitar un derecho adquirido.
Si lo avala el Congreso, la ANSES podrá cruzar datos con nombre y apellido. El artículo 71 del proyecto de Presupuesto incorpora el inciso g al artículo 101 de la Ley 11.683, de Procedimiento Fiscal, de forma que el secreto fiscal no regirá para la entidad que dirige Emilio Basavilbaso «siempre que las informaciones respectivas estén directamente vinculadas con la prevención y fiscalización del fraude en el otorgamiento de prestaciones o subsidios que ese organismo otorgue o controle y para definir el derecho al acceso a una prestación o subsidio por parte de un beneficiario».
Se considera lógico que la ANSES acceda a esa información mientras no haga un uso de esos datos que exceda lo que la ley autoriza.
«Por un lado, tenemos el derecho a la privacidad consagrado por la Constitución nacional. Y por el otro, el Estado tiene que asegurarse un uso eficiente de los recursos. Suena razonable que, para determinar la procedencia o no de una ayuda que le dan a un ciudadano y a otro no, el Estado pueda tener acceso a ciertos datos que ayuden a determinar si esa persona merece el beneficio o no», señaló a El Cronista, Marcos Santivañez Vieyra, abogado de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi , que participó de la redacción del proyecto de ley de protección de datos personales.
«La ANSES necesita los datos para poder cumplir con sus obligaciones. Tiene que asegurarse de que la situación que justifica la asistencia o pago del beneficio por un estado particular de vulnerabilidad procede y se mantiene», agregó.
