El Gobierno prepara un cambio radical en la política de planes sociales. El objetivo es que continúen contemplando una contraprestación por parte de cada beneficiario, pero que ahora se enfoque fundamentalmente en educación y capacitación.
Esto implica una quita en los fondos que anualmente reciben del Estado las organizaciones sociales y se dejará atrás el sistema de control de planes por planillas.
El plan del Gobierno contemplará la eliminación de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen y la creación de uno nuevo, «Hacemos Futuro», que involucre a los beneficiarios nucleados en ambos. Pero va más allá.
Los dos ejes del programa
El primero comprende la «Educación Formal Obligatoria», por lo que los titulares de los planes deberán finalizar sus estudios primarios y secundarios.
«A los fines de permanecer en el programa, los beneficiarios deberán acreditar que se han inscripto y se encuentran cursando la educación formal obligatoria», establece uno de los lineamientos del plan. «Cambiamos el paradigma: de unidades productivas que hacen sillas y mesas (entre otras cosas), pasamos a uno focalizado en brindar autonomía a la persona», dijeron en el Gobierno.
Luego, como segundo eje, los beneficiarios podrán profundizar su «Formación Integral» y especializarse. El programa contempla cursos de formación formal, superior y/o profesional; y talleres formativos, brindados por organismos, incluso no gubernamentales.
«La idea es empoderar a las personas, garantizando en principio que concluyan sus estudios; y, luego, que se capaciten a través de cursos y prácticas para tener más chances de insertarse en el mercado laboral», explicó una alta fuente al tanto del plan que pergeñaron entre la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, y el secretario de Economía Social Matías Kelly, cuyo padrino político, Mario Quintana, supervisó todo desde Jefatura de Gabinete.
Cómo afectará a los municipios
Esta medida, que se anunciará en las próximas horas, también golpeará a municipios: no sólo en lo económico, dado que muchos se constituyeron como entes y perciben $18 mil al año por cada beneficiario, sino porque hay intendentes que utilizan el personal para tareas de mantenimiento, como ocurre en La Matanza, donde Verónica Magario los puso al servicio de la limpieza de la vía pública.
Stanley acordó con Quintana que los fondos que se ahorrarán con este cambio -este año superarán los $1.500 millones- serán destinados a obras de infraestructura para mejorar barrios vulnerables. Ahí sí podrían entrar las organizaciones: a los líderes piqueteros, que pasarán hoy por Desarrollo tras largas semanas de distanciamiento, les ofrecerán ponerse al frente de esas tareas.
