Un testigo acusó a Leonardo Castillo de ofrecer a un cliente a la hija de un año de su nueva pareja, también gitana. Los otros casos de venta de niñas en la comunidad.
E., de 21 años, nacida y criada en la comunidad gitana de Mar del Plata asentada en los barrios alrededor de la avenida Jara, deberá declarar como testigo ante la fiscal federal Laura Mazzaferri. La casa donde E. vivía había sido allanada en la mañana del viernes por efectivos de la DDI local de la Policía Bonaerense bajo órdenes de la fiscal. Leonardo Castillo, de 25 años, pareja de E. desde hace pocos meses, fue arrestado y enviado al penal de Batán. Se secuestraron celulares, computadoras, un viejo Renault Megane.
E., a horas de dar su testimonio, se sienta aterrada en su silla, con su bebé de un año en brazos, una niña. Una psicóloga del Programa Nacional de Rescate la revisará para considerarla apta o no para hacer su declaración, la fiscal Mazzaferri también ordenó una custodia policial junto a ella las 24 horas del día y que sea entrevistada por una asistente social de la Procuración.
Su vulnerabilidad se vuelve clara de cara a la calificación del expediente y al contexto de su comunidad. En la cultura fuertemente patriarcal de los gitanos, la joven deberá declarar contra su propia pareja por un delito atroz. Castillo, en teoría dedicado a la compra y venta de autos usados, fue detenido por el presunto delito de trata de personas. La víctima: la propia bebé de E, de la que Castillo no es el padre biológico. Según un testigo, Castillo -que se negó a declarar en su indagatoria tras ser arrestado- habría intentado vender a la niña. El precio en la etiqueta: 50 mil dólares.
El testigo y denunciante, aseguran fuentes de la investigación, habría tenido conocimiento directo de la maniobra que se le atribuye al joven gitano. La oferta de la venta de la bebé no fue hecha a través de un aviso, afirman investigadores, sino hecha boca en boca. Se sospecha de varios potenciales clientes, con un interesado en particular que el testigo no pudo identificar posteriormente. E. ya dio un primer testimonio, de manera informal, que consta en el expediente: aseguró que Castillo intentó vender a su hija en contra de su voluntad. Por lo pronto, el padre biológico de la bebé no está sospechado como un cómplice en el presunto intento de venta de la bebé y hasta ahora no se le encontraron vínculos con Castillo. Se cree que está en algún punto de la Patagonia, con la hija mayor de E., de la que también es padre.
La fiscal Mazzaferri -que encabeza el proceso interno en la Procuración para investigar al fiscal general Julio Castro, que irá a juicio oral ante el TOC N°8 con la doctora Diana Goral como acusadora por violar a su ex pareja en dos ocasiones- considera fuertemente en sus cálculos la vulnerabilidad de E. ante el resto de la comunidad gitana e incluye en sus cálculos obtener alguna medida de refugio para la joven. Mazzaferri espera también el registro de reincidencia de Castillo, que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense. Será una búsqueda difícil: hasta ahora, para la Policía Bonaerense, el joven es un indocumentado.
Lo cierto es que ésta no es la primera vez que la fiscal debe investigar delitos de la comunidad gitana marplatense contra sus propias niñas. En 2015, la fiscal esclareció un caso originado por una falsa denuncia de secuestro en la comunidad, alrededor de una adolescente de 13 años. La joven se había fugado con su novio; sus propios padres habrían intentado venderla a un gitano porteño para que se casara en matrimonio. Otros dos expedientes similares pasaron luego por el despacho de Mazzaferri.
