Busca que los funcionarios convenzan a sus gobernadores de que tendrán un fuerte costo económico si el Senado sanciona la reforma del impuesto a las ganancias, tal como la aprobó la Cámara de Diputados el martes último.
Con el frente parlamentario complicado, el gobierno de Mauricio Macri definirá hoy si convoca para mañana a los ministros de Economía de las provincias para que convenzan a sus gobernadores de que tendrán un fuerte costo económico si el Senado sanciona la reforma del impuesto a las ganancias, tal como la aprobó la Cámara de Diputados el martes último.
En ese contexto de tensión, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pidió ayer al Senado «responsabilidad» y afirmó que «el peligro es convertir al Congreso nuevamente en una escribanía, pero de la oposición».
Frigerio hizo esas declaraciones en China, de donde regresará mañana a la noche, tras una misión para conseguir financiamiento para obras públicas.
De concretarse la convocatoria a los ministros, sería otro paso en la estrategia de presión sobre los gobernadores. Fuentes oficiales señalaron ayer a La Nación que los tiempos son escasos para la convocatoria, que sería en el marco del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), conformado por todas las provincias. Deberían hacerla Frigerio y su par de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
Se buscaría, así, un intento de unificar criterios para llevar pasado mañana al plenario de comisiones del Senado, al que fueron invitados todos los gobernadores, ante los cuales expondrá el director de la AFIP, Alberto Abad, para informar sobre el impacto fiscal.
El CFRF, compuesto por la Nación y los ministros de finanzas del interior, emitió anteayer un comunicado que alertaba sobre el alto costo de la reforma opositora, con una rebaja de la recaudación fiscal del 2 por ciento. El proyecto del Poder Ejecutivo, comparaba, tendría una merma de sólo 0,6 por ciento.
La Casa Rosada está preocupada por el rojo fiscal y por la mala señal a los inversores, debido al cambio de reglas de juego por la creación de impuestos muy cuestionados.
El polémico dictamen fue acordado por todos los bloques de diputados de origen peronista, liderados por el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa; Axel Kicillof, del Frente para la Victoria, y Diego Bossio, del Bloque Justicialista, entre otros. Tiene un impacto fiscal de $ 65.000 millones, mientras que la iniciativa oficial costaba $ 27.000 millones y había sido acordada por las provincias en el CFRF.
La Casa Rosada no encontró hasta ahora respuestas positivas en la mayoría de los mandatarios del PJ, que avalaron la reforma de Diputados. La jefa del bloque de senadores de Pro, Laura Rodríguez Machado, dijo ayer a la nacion que el PJ y el FPV deberían revisar sus posturas porque «serán sus gobernadores los que dejarán de recibir los fondos». Y deslizó: «Vamos a ver qué pesa más, si doblarle la mano al Presidente o recibir menos dinero el año que viene, que es electoral».
Frigerio agregó que se «sorprendió de que Massa hiciera un acuerdo a última hora con el kirchnerismo, ordenando a sus diputados votar por el proyecto de Kicillof».
Además, hizo referencia al paso de ambos por el gobierno de Cristina Kirchner y criticó que nunca reformaron ganancias porque, según decían, «no estaban las condiciones» económicas.
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, calificó el dictamen de «bomba para empezar con la inflación y otras cosas» y señaló que «algunos proponen que se invente la plata».
Desde la oposición, Carlos Acuña, de la conducción de la CGT, pidió que el dictamen «salga tal cual como se aprobó en Diputados» y adelantó: «Iremos al Senado a fijar posición». Además, consideró que «sería una barbaridad» y «un atropello a las instituciones» que el Poder Ejecutivo vete la reforma.
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, advirtió: «Les voy a ir a ver la cara a los que votan en contra de la gente». La diputada Margarita Stolbizer, aliada a Massa, opinó que «el Gobierno incumple sus propias propuestas electorales».
El ex ministro de Economía Roberto Lavagna, asesor de Massa, dijo que «aún hay tiempo de serenarse y corregir el fracaso económico y social» del Gobierno. «Insultar, agredir, usar la billetera para presionar gobernadores y hacer gala de una soberbia mayor no es una manera de gobernar», dijo.
