Así lo determinó la justicia entrerriana. La medida también comprende al cuñado de Sergio Urriabrri, Juan Pablo Aguilera y sus socios.
El ex ministro de Cultura y actual diputado provincial por el Frente para la Victoria, Pedro Báez fue imputado por negocios incompatibles en la función pública por la fiscal Patricia Yedro y citado a declaración indagatoria.
Báez fue llamado a comparecer y designar abogado en la causa “Aguilera, Juan Pablo y Otros s/Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Publica, Fraude a la Administración Publica, Peculado y Abuso de Autoridad, Incumplimiento de los deberes de funcionario publico y Falsificación de documentos públicos”. También fue citado su ex colaborador, Gustavo Tamay, como así también el cuñado del ex gobernador, Juan Pablo Aguilera.
Calendario de audiencias
* Se hará comparecer a Pedro Báez y a Gustavo Tamay a designar abogado defensor.
* El día 26 de setiembre a las 9 deberán prestar declaración a tenor de lo dispuesto por el artículo 375 de la ley de rito, Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada.
* El día 12 de octubre a partir de las 9 están citados Emiliano Giacopuzzi y Alejandro Almada
* El día 25 de octubre a partir de las 9 deberá comparecer Maximiliano Sena a prestar declaración de imputado.
* El resto de los imputados deberán prestar declaración a tenor del artículo 375 del C.P.P., en audiencia a señalar.
*Se solicitó además al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, que informe los antecedentes penalmente computables que pudieran registrar los citados y dar intervención al Médico Forense en turno a los efectos que proceda a efectuar el examen médico correspondiente.
* Se dispuso también hacer lugar a los pedidos formulados desde los Servicio Administrativo de la Cámara de Diputados y Senadores y notificar a los defensores designados de la presente modificación de la Apertura de Causa y de las medidas dispuestas.
CONSIDERANDOS
Se considera que los mencionados ex funcionarios y los socios de Aguilera en la imprenta del Bulevar General Eduardo Racedo, fueron “direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar. Así, en el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), se direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad aprobadas por medio de decretos.
Yedro indicó que “la conducta descripta, puede ser encuadrada –prima facie y en el limitado marco cognoscitivo de la presente– en las figuras de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, Fraude a las Administración Pública, Peculado, Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y/o Falsificación de documentos públicos (art. 265, 174 inc. 5 en función del artículo 172, 261, 248, 249 y 292 del Código Penal Argentino, sin perjuicio de las relaciones concursales que en su momento se constaten)”.
