El gobierno nacional presentará este jueves el proyecto de ley de Presupuesto Nacional para el 2017, que contemplara un crecimiento de entre el 3 y el 3,5 por ciento, una inflación del 17 por ciento y una fuerte inversión en obras de infraestructura, y limitará las facultades del Poder Ejecutivo para la reasignación de partidas, conocida como «superpoderes, aunque aun no se definió si formará parte del texto o lo incorporarán los diputados cuando haya un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.
De este modo, el gobierno cumplirá con la ley de Contabilidad que establece el 15 de septiembre como fecha tope, y buscará cumplir con el mandato constitucional de tener aprobada esa ley antes del primero de enero.
Este será el primer presupuesto diseñado por la administración de Mauricio Macri ya que el actual fue aprobado en el gobierno kirchnerista, y por eso ahora Cambiemos busca un acuerdo con el massismo, el bloque justicialista y los senadores peronistas para acordar una reducción de estas atribuciones especiales para reformular las partidas y así dar un claro mensaje a la sociedad.
La iniciativa, diseñada desde el gobierno, tiene previsto un crecimiento entre el 3 y el 3,5 por ciento, una inflación del 17 por ciento, un déficit del 4 por ciento, un dólar a 18, y gastos que pueden alcanzar los dos billones de pesos, según adelantaron fuentes parlamentarias.
El proyecto de la ley de gastos y recursos será presentada, se estima, por el propio ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, quien dará ante los diputados de la comisión de Presupuesto detalles de esta iniciativa clave para el oficialismo.
Pero antes de enviar el proyecto, Prat Gay mantendrá una reunión con los diputados del interbloque Cambiemos para explicarles detalles de la iniciativa diseñada desde el gobierno, que busca destinar más del 70 por ciento de los recursos a gastos sociales y apuntalar la obra pública.
El presidente de le comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, anticipó que esta “va a ser el primer Presupuesto hecho con seriedad tras muchos años” y destacó que ahora no se repetirá lo que sucedía durante el kirchnerismo ya que o «se subestimaban ingresos” y “no se cumplían con las partidas”, al referirse a los superpoderes que tuvieron los gobiernos K.
De todos modos, el dato político más significativo de este presupuesto será la decisión del Poder Ejecutivo de desistir de tener facultades especiales conocida como «superpoderes» como las que tuvo el kirchnerismo desde 2006 cuando reformó el artículo 37 de la ley de Administración Financiera y se eliminaron los límites establecido en esa norma.
En la actualidad, el artículo 37 establece que se autoriza a la Jefatura de Gabinete a «disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto», pero el oficialismo quiere que haya un tope el 10 por ciento.
Sin embargo este porcentaje así como otros puntos sensibles del proyecto deberá consensuarlo con el Frente Renovador y el bloque justicialista y los senadores peronistas dado que el oficialismo es primera minoría en diputados y minoría en el Senado.
El oficialismo debe enhebrar un delicado consenso con la oposición ya que tiene puntos centrales que no está dispuesto a modificar como el monto que pedirá para endeudarse-que anticiparon que será elevado- el déficit fiscal, y la ley de responsabilidad fiscal.
En ese acuerdo batallarán los gobernadores-claves para votar el proyecto en el Senado- que buscaran tener la mayor cantidad de obras públicas, y eludir la ley de responsabilidad para poder endeudarse sin pedir autorización al gobierno nacional como lo establece esa norma.
Pero otro tema se colará en la discusión del presupuesto que es la modificación de ganancias-será por medio de una ley especial-para la cuarta categoría y allí también se suma otra discusión que es que la mayoría de los gobernadores no quiere que se disminuya la recaudación de este tributo, que se distribuye de acuerdo a la ley de coparticipación federal.
Eso si el gobierno este año no tendrá que discutir ni la emergencia económica que fue aprobada en diciembre por dos años, ni la prórroga de vigencia de impuestos claves como la ley del cheque, del monotributo y ganancias que en el 2009 se extendió por diez años.
