La iniciativa permitiría mayor flexibilidad a las empresas para que puedan tomar y desprenderse del personal que contratan.
El Gobierno nacional comenzará a trabajar en los próximos días en un nuevo plan de reforma laboral. Con la intención de presentarlo cuanto antes a la sociedad, el objetivo de la iniciativa es facilitar la contratación de nuevos empleados en las empresas privadas. La idea es que las compañías puedan incorporar nuevo personal por un período de tiempo, y que tengan facilidad para terminar la relación.
Los distintos actores a nivel nacional ya hablan de que se trataría de un nuevo proyecto de “flexibilización laboral”. Sin embargo, el temor del Gobierno es que estalle políticamente la relación con la nueva conducción tripartita de la CGT, sin contar las críticas que irían en aumento en los distintos sectores de la oposición. Sobre este seguro e inevitable rechazo político, deberá trabajar el Gobierno.
La nueva reforma laboral estaba en cartera desde el segundo trimestre del año, pero se aceleró esta semana con la aparición del dato de desempleo del 9,3% del segundo trimestre del año. Dicen que el porcentaje cayó como un balde de agua fría en varios de los despachos oficiales donde se elabora la política económica; y derivó en un pedido “urgente” de soluciones de parte del ala política del Gobierno. Obviamente con el aval de Mauricio Macri.
Las palabras que más se escucharon ayer fueron “competitividad” y “productividad” como los principales escollos para que crezca la demanda de empleo en el sector privado, en medio de una crisis en la actividad económica. Se reflexionó además en que para solucionar en parte este problema, el Gobierno debería avanzar en normas que faciliten la toma de empleados por parte de las empresas privadas.
PUNTOS CLAVE
– Flexibilización de las condiciones de contratación para los nuevos trabajadores.
– Especial atención a las personas que tengan entre 18 y 24 años que no hayan tenido antes un puesto en blanco.
– Posibilidad de permitir negociaciones paritarias descentralizadas y por empresa.
– Eliminar la obligatoriedad para que la cúpula sindical y las autoridades competentes avalen los acuerdos.
– La iniciativa debería ser aprobada por ley.
