Hay una docena de imputados por Asociación ilícita; se investiga desde aprietes a testigos hasta el tiroteo a la casa de un agente penitenciario. Sospechas por el negociado de las ventas de entradas para los partidos de Patronato.
La Fiscalía solicitó que se avanzara en la imputación formal de las personas que están nombradas en la causa por Asociación ilícita investigada alrededor de los delitos cometidos por integrantes de la Barra Fuerte y de la banda del barrio Municipal, liderados por Gustavo Petaco Barrientos, pero todavía en el Juzgado de Instrucción no se resolvió nada al respecto, aunque sí se tomarán otras medidas de prueba pedidas por la acusación pública.
Hace más de dos años se realizaron los 28 allanamientos en los barrios Municipal, Anacleto Medina y Paraná XIV, así como viviendas de Colonia Avellaneda y Pueblo Brugo, en los que se buscó desbaratar una banda que cometía distintos delitos en Paraná, en forma coordinada y organizada.
Si bien se mencionó que había unas 30 personas involucradas, hasta ahora han sido citadas a declarar y luego procesadas una docena. Entre ellos, los principales son Gustavo Barrientos, sindicado como quien ordenaba desde la cárcel por celular las distintas acciones delictivas, su esposa Verónica Martínez, un hermano de Barrientos, su presunto lugarteniente Hugo Ceola, y uno de los Abasto del barrio Municipal. Estos habían quedado detenidos, los procesaron y luego fueron excarcelados, aunque Petaco siguió preso por la condena por un doble homicidio.
Desde entonces, la causa no tuvo grandes movimientos. Recientemente, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull solicitó que se citara a declarar a las 15 personas que están nombradas en la causa, pero que aún no fueron indagadas. El pedido fue elevado al Juzgado de Transición N° 2 a cargo de Pablo Nicolás Zoff, quien aún no ha resuelto acerca de las indagatorias.
La base de la investigación son las escuchas telefónicas realizadas por la Policía, durante varios meses, en las que se interceptó una serie de líneas de personas involucradas en distintos delitos, y que estaban relacionadas entre sí. Según se observó y analizó en el resultado de las intervenciones, Barrientos, que entonces estaba alojado en la Unidad Penal N° 1, dictaba órdenes por celular a sus secuaces o soldaditos, que consistían en ir a atacar a balazos la casa de una persona, o de amenazar a otra, por ejemplo. Así como también el apriete a testigos de causas judiciales relacionadas a los acusados para que cambien sus declaraciones, incluso a cambio de abultadas sumas de dinero, y se destaca la orden para ir a tirotear la casa de un agente del Servicio Penitenciario. Además, se evidenció el negociado de las ventas de entradas para los partidos de Patronato y, aunque no se halló luego ninguna prueba, también se dialogaba de presuntas operaciones de narcotráfico.
En los allanamientos se incautaron armas de fuego, balanzas, dinero, computadoras, celulares y escasa cantidad de marihuana y cocaína. Luego se incorporaron como prueba las causas judiciales que se tramitaban en Tribunales de los hechos delictivos que aparecen planeadas en las conversaciones registradas en las escuchas.
El delito investigado es Asociación ilícita, que se sanciona con prisión de tres a 10 años, pero para los jefes u organizadores la pena mínima es de cinco años. En este caso, Petaco sería el líder, pero también se registraron distintos roles y niveles de autoridad en la organización: un núcleo que impartía directivas, otros que eran la fuerza de choque para los hechos de violencia o los ajustes de cuenta y otros que manejaban la parte financiera de la banda.
Pasó el tiempo, y la causa se paralizó. En el medio, estuvo el juicio abreviado en el que Barrientos aceptó haber asesinado a dos hombres en el barrio Paraná XX en noviembre de 2012, donde acordó con la Fiscalía la pena de 11 años y medio de prisión.
Ahora, el jefe de la barra de Patronato espera por definiciones en esta causa, mientras cumple la condena. (Fuente: Uno)
