En la mayoría de los casos, los victimarios son sus parejas. Advierten sobre el incremento de la saña. Una de cada siete mujeres asesinadas había advertido previamente ante la Justicia o Policía que era víctima de violencia de género
Mientras se discute la efectividad de las medidas para proteger a las víctimas de la violencia de género, los femicidios siguen ocurriendo.
Durante 2015, 286 mujeres murieron en todo el país a manos de hombres que, en el 71% de los casos, tenían algún vínculo cercano con ellas. Los asesinatos, la mayoría cometidos con armas, dejaron a 214 chicos sin su madre.
«Son proyectos de vida que quedaron truncos», resaltaban los integrantes del Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano, de la ONG La Casa del Encuentro, al presentar el informe de femicidios ocurridos el año pasado. En 2014, la cifra alcanzó las 277 muertes.
Las mujeres asesinadas el año pasado fueron, en su mayoría, baleadas, apuñaladas y golpeadas. El nuevo registro, destacó la presidenta de la ONG, Ada Rico, puso en evidencia el incremento de la saña en los homicidios: respecto del año anterior crecieron considerablemente las víctimas que murieron quemadas. En 2014, se habían registrado nueve casos; durante 2015 hubo 21 bajo esa modalidad. Es decir, un crecimiento del 43 por ciento.
En el 71% de los 286 femicidios el agresor tenía algún vínculo con la víctima: en 173 de ellos se trataba de la pareja actual o de un ex y el resto eran otros allegados. Tal como ocurrió en otros relevamientos, la gran mayoría de los hechos de violencia de género se cometieron dentro del hogar. Sesenta y seis de los crímenes sucedieron en la vivienda de las mujeres. En tanto, 72 de los homicidios ocurrieron en el inmueble que la víctima compartía con su pareja.
Por estos 286 crímenes, 322 chicos perdieron a su madre. El 66% de estas víctimas colaterales son menores de 18 años. Rico resaltó: «Estos chicos quedan en manos de asesinos. Por eso, estamos pidiendo que avance el anteproyecto de pérdida automática de la responsabilidad parental para los femicidas condenados». El documento, que fue presentado en diciembre pasado, exige que se incorpore un artículo al Código Civil que prohíba a los agresores mantener el contacto con sus hijos.
Desprotegidas
Una de cada siete mujeres asesinadas en 2015 había advertido previamente, ante funcionarios judiciales y/o policiales, que era víctima de violencia de género. En al menos 27 de los femicidios la víctima había hecho la denuncia. A otras 15 mujeres se les había otorgado una medida de protección para evitar que el agresor se les acercara o continuara viviendo bajo el mismo techo.
La presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, dijo a La Nación: «Estamos trabajando para que próximamente se le aplique al agresor un sistema de geolocalización o tobillera electrónica». Esta medida sería para los casos en que el victimario ya cuente con una orden de restricción.
A los referentes por la lucha contra la violencia de género los preocupa la reiteración de los hechos en los que las mujeres asesinadas habían logrado interponer mecanismos de defensa legales, que luego, y sin escollos aparentes, fueron transgredidos por los agresores.
De acuerdo con un informe relevado por la Defensoría General de la Nación, el 34% de las víctimas (414 casos) dijo que los denunciados habían incumplido las medidas de protección y en el 24% se contabilizaron nuevas agresiones. A comienzos del mes pasado, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un informe en el que advirtió que las desobediencias y los incumplimientos de los agresores no son registrados en las estadísticas oficiales.
El 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día de la Mujer, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció que iba a impulsar la creación de una nueva red de refugios para alojar a las víctimas de violencia de género. Éste es uno de los pedidos que La Casa del Encuentro, junto a la fundación Avon, que colabora en el proyecto, solicitó que se impulse.
Darío Witt es abogado y preside el refugio Casa Abierta María Pueblo en La Plata. Casi a diario, brinda asistencia legal, social y psicológica a mujeres que llegan a pedir un lugar para escapar de sus violentas parejas. «En general, las víctimas cuentan con órdenes de restricción, pero lo más seguro que tienen es un papelito que le dice al hombre que no puede acercarse. Así no se puede garantizar el cumplimiento de las medidas», explicó. Y agregó: «Es necesario que haya un abordaje integral que incluya, por ejemplo, la capacitación del personal policial para atender estos casos».
La ONG también hizo hincapié en ese punto. «No sólo hay que capacitar en perspectiva de género a los trabajadores de organismos estatales, sino a los integrantes de las fuerzas de seguridad y de justicia», reclamaron en el informe.
