Siempre fue un secreto a voces que circulan montañas de dinero detrás de las causas de canonización de candidatos respaldados por grupos ricos y poderosos. Ahora, Francisco puso en marcha nuevas normas para transparentar los procesos
Por tercer año consecutivo, el Papa se fue a un retiro espiritual en un monasterio de Ariccia, a 40 kilómetros de esta capital, de donde volverá hoy.
Sin embargo, desde el retiro, Francisco continuó con la limpieza que puso en marcha hace casi tres años en las finanzas del Vaticano. Puso en marcha nuevas normas para hacer más transparentes los millonarios gastos de los procesos de canonización y evitar, así, abusos e irregularidades, como ocurrió en el pasado, según informó ayer el Vaticano.
Siempre fue un secreto a voces que circulan montañas de dinero detrás de las causas de canonización de candidatos respaldados por grupos ricos y poderosos.
Esos procesos suelen avanzar rápidamente y los que son respaldadas con menos dinero quedan habitualmente congelados en la Congregación para las Causas de los Santos. «Esto se refleja en el hecho de que en África occidental, un continente donde el catolicismo creció más que en ninguna otra parte, sólo hay un beato y un santo. Y mientras tanto, en Francia, Italia, Polonia y España, hay centenares», explicó a La Nación un experto.
Vía Crucis y Avaricia -dos libros publicados el año pasado basados en documentos confidenciales de la Santa Sede, que revelaron casos escandalosos- estimaron en medio millón de euros (unos 550.000 dólares) el costo promedio de cada proceso.
Para el filósofo Antonio Rosmini (1797-1855), declarado beato en 2007, se llegaron a pagar nada menos que 750.000 euros, de los cuales la mitad fue para organizar la ceremonia de beatificación en la Plaza San Pedro. Una congregación española de Palma de Mallorca, en tanto, giró 482.693 euros al IOR -el Instituto para las Obras de Religión, el banco del Vaticano- para la canonización de la beata Francisca Ana de la Virgen de los Dolores (1781-1855).
Poner en marcha una causa -un proceso largo, con diversas etapas, en el que participan muchos laicos, postuladores, investigadores y abogados- supone un anticipo de 20.000 euros, también calcularon los libros de los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi. Existen fuertes costos para traslados y estudios de documentación, que se suman a la traducción de las actas en latín, la lengua oficial de la Santa Sede.
El proceso prevé cuatro etapas: el candidato primero es declarado «siervo de Dios»; luego, «venerable»; tras la aprobación de un milagro por su intercesión, «beato», y después de un segundo milagro, «santo».
La denominada «fábrica de santos» trabajó muy activamente durante el pontificado de Juan Pablo II, que proclamó 1338 beatos y 482 santos en casi 27 años, todo un récord. Pero nadie jamás controló los balances de esas causas, virtuales pozos sin fondo y generadoras de gastos inaceptables.
Esta situación de descontrol absoluto fue puesta bajo la lupa por la comisión creada por Francisco a pocos meses de asumir, con el fin de tener un panorama de la situación económico-financiera del Vaticano. De esta comisión, ya disuelta, misteriosamente salieron los documentos confidenciales que, en un denominado VatiLeaks II, fueron la base de los libros de Nuzzi y Fittipaldi.
Lo cierto es que el rescriptum aprobado por el Papa el 4 del actual, divulgado ayer por el Vaticano, dispuso nuevas «normas sobre la administración de los bienes de las causas de beatificación y canonización», abrogando las anteriores aprobadas por San Juan Pablo II en 1983.
El documento admite al principio que las causas de beatificación y de canonización «comportan gastos para la divulgación del conocimiento de la figura del siervo de Dios o beata, para la investigación diocesana, para la fase romana y, finalmente, para las celebraciones de beatificación y canonización».
Las nuevas normas indican que debe nombrarse un administrador del fondo de bienes -provenientes de ofertas de personas físicas o jurídicas- con el que se afrontarán los gastos de la causa. El administrador, que también puede ser el mismo postulador, debe «respetar escrupulosamente la intención de los oferentes, mantener una contabilidad regularmente aggiornada y redactar anualmente balances y presupuestos».
Si se pretende usar una parte del fondo para «objetivos distintos de la causa», hay que obtener autorización de parte de la Congregación de las Causas de los Santos. Deben vigilar el proceso en todos los movimientos que tienen que ver con la causa, tanto de entrada como de salida, el obispo correspondiente, el superior u otra autoridad eclesiástica. La autoridad competente «revisiona, aprueba los balances de la causa y envía una copia a la Congregación de las Causas de los Santos», indica el rescriptum.
La autoridad de vigilancia máxima, según el mismo documento, es la propia Congregación de las Causas de los Santos, que «puede pedir en cualquier momento cualquier información financiera y su documentación relativa» y debe controlar tanto los balances como los honorarios de la fase romana. «En caso de incumplimiento o de abusos de naturaleza administrativo-financiera, la Congregación de las Causas de los Santos interviene disciplinariamente», dice el documento.
El rescriptum establece que si llega a sobrar dinero, éste pasará a ser parte de un «fondo de solidaridad» a usarse en aquellas causas que tienen dificultades económicas para avanzar.
Fuente: Elonce.com
