«A las dificultades de la economía nacional, que se hace sentir con una visible caída de consumo, se suman las tarifas provinciales», señalaron desde el Centro Comercial de Concordia. Alertas sobre «un desborde alarmante».
Desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia solicitaron al gobernador Gustavo Bordet «la urgente declaración de emergencia comercial en toda la provincia». Según indican desde la entidad, «a las dificultades de la economía nacional, que se hace sentir con una visible caída de consumo, se suman las tarifas provinciales» que, aseguran, «produjeron un desborde alarmante». Mediante un comunicado, solicitaron que se reduzca la presión fiscal, que se suspendan las ejecuciones judiciales a deudores de ATER y advirtieron que el comercio entrerriano «está en quiebra».
«A los problemas de la economía nacional, la visible caída del consumo, le continúan los servicios donde las tarifas produjeron un desborde alarmante. Esto, sumado a una presión fiscal asfixiante hace que el comercio legal de Entre Ríos, fundamentalmente pyme y micropyme, sea inviable. Hoy el comercio entrerriano está en quiebra», se expone en el comunicado reproducido por El Entre Ríos.
«La presión fiscal ya conocida, que sufrió un nuevo aumento en diciembre tras la tristemente célebre ley de Consenso Fiscal, se agiganta con multas exorbitantes e intereses desmadrados que aplica la ATER a los contribuyentes que en éste momento subsisten como pueden», se indica más adelante.
Según los comerciantes concordienses, «en el actual contexto, las pymes que sufren atrasos en el pago de los tributos, por no poder pagarlos en tiempo y forma dado lo expresado anteriormente, sufren el cobro de multas abusivas, intereses desmesurados y, no obstante ello, también una suba exponencial de la tasa de IIBB con lo cual empujan a las mismas a un irremediable final: el cierre y la consecuente pérdida de fuentes de trabajo genuinas».
A la declaración de «emergencia comercial», desde el sector se suma el pedido de suspender reclamos y ejecuciones judiciales a deudores de ATER y elminar el concepto de «multa por mora» en ingresos brutos, «ya que con los intereses cobrados existe suficiente penalidad».
También se solicita la reducción de los intereses por mora a no más del 4 por ciento anual y la eliminación de las «multas confiscatorias» por atrasos en el pago de retenciones de ingresos brutos, «más considerando que se están pagando por adelantado en ventas que la mayoría de las veces no han sido cobradas».
Fijar nuevos estándares de clasificación de pymes según la Resolución 154/2018 del Ministerio de Producción de la Nación y convocar a todos los sectores representativos del comercio de la provincia a «una urgente mesa de diálogo donde entre todos podamos encontrar soluciones sustentables a corto y mediano plazo y que permitan la continuidad de la actividad» es otro de los requerimientos.
«Señor gobernador: la actividad comercial de nuestra provincia está en un momento límite y creemos que en su decisión está el poder, al menos, de morigerar las graves consecuencias que estamos sufriendo», concluyen los comerciantes.
