Se trata de un proyecto de Declaración dirigido al gobierno nacional. El diputado Néstor Loggio es autor de la iniciativa con la que aspira a que el Ejecutivo Nacional o el Congreso elaboren una regulación definitiva, completa y de fondo respecto a la publicación de contenidos en redes.
El diputado a través del proyecto contempla los “cambios globales y constantes de la realidad producidos por la velocidad de la información y la extrema digitalización que han modificado para siempre la forma de comunicarnos, de relacionarnos y de interpretar y concebir la vida en sociedad”.
La comisión de Asuntos constitucionales, juicio político y peticiones, poderes y reglamento, que preside el diputado Cosso ya comenzó a analizar la iniciativa que tuvo ingreso en diciembre del año pasado.
El texto en análisis expresa que la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos declara su opinión favorable para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional y/o al Congreso de la Nación Argentina a efectos de que propicie una regulación definitiva, completa y de fondo respecto a la publicación de contenidos en redes sociales, las responsabilidades emergentes para quienes las mal utilicen o las propicien para calumniar, difamar, denigrar, deshonrar a terceros o divulgar material de índole privada de las personas que comprometan o tiendan a denigrar sus creencias, ideologías y otras acepciones de índoles personalísimas, tanto en el aspecto del Derecho Civil y Comercial como del Penal, otorgando protección judicial y jurisdiccional real, eficiente y suficiente a las potenciales víctimas de delitos o denigraciones públicas, salvaguardando así garantías esenciales otorgadas a todos los ciudadanos argentinos por la Constitución Nacional Argentina.-
El legislador alude a situaciones tales como posibles agresiones al honor y buen nombre de las personas los grados de violencia moral de todos los habitantes o de género para las mujeres, cuando no la afección directa de los derechos a la intimidad y a la privacidad, “derechos que en la actualidad se encuentran ostensiblemente expuestos y vulnerables también por el vacío legal producido por una falta de regulación de fondo que dista aún de completarse y precisa de nuevos instrumentos jurídicos”, expresa.
LAS RAZONES. Loggio alude a los “cambios globales y constantes de la realidad producidos por la velocidad de la información y la extrema digitalización que han modificado para siempre la forma de comunicarnos, de relacionarnos y de interpretar y concebir la vida en sociedad”.
En ese contexto, se refiere al surgimiento de nuevas inquietudes, problemas hasta entonces desconocidos y “abusos que antes no existían como tal, simplemente por no preexistir el medio idóneo para consumar el hecho lesivo o agraviante”.
Considera que “son lentos” los intentos de ajustar la legislación del Código Penal a los nuevos delitos informáticos, hasta la adecuación de los sistemas de acusación y control judicial como
tales, en comparación con la rapidez en que se suceden los hechos.
En ese análisis, sostiene que “en la actualidad una de las cuestiones más difíciles de regular es la responsabilidad jurídica de las afirmaciones u opiniones vertidas en las redes sociales y, sobre todo, cuando dichas manifestaciones no son simplemente una afirmación deliberada e irresponsable emitida a la red, sino que la misma se hace con una intención subyacente de obtener un beneficio, sacar una ventaja, manipular una opinión o simplemente desinformar a la población aportando datos falsos o apócrifos”.
Incluye en la fundamentación del proyecto interrogantes tales como “¿qué hacer entonces cuando nos enfrentamos a un abuso del derecho a la libre expresión?; ¿cómo reaccionar ante la proliferación de datos que dañan a una velocidad infinitamente mayor que la capacidad de reparación que posee el sistema judicial? y ¿cuál derecho personal debe ser privilegiado? ¿a costa de qué principios?”.
De la cultura y la justicia
El diputado Loggio justifica el pedido al gobierno nacional al preguntarse qué hacen los representantes de las instituciones del Estado de Derecho para salvaguardar los posibles abusos que se pueden generar a la luz de una prerrogativa tan cara y tan necesaria para cualquier República, como es el derecho a la información y a la libre expresión.
Considera urgente efectuar una “regulación de fondo para que de modo definitivo, completo y general se promueva la legislación de esta actividad tan naturalizada en la actualidad para la sociedad, pero cuyos horizontes de consecuencias aún están lejos de ser siquiera divisadas, cuando no resueltas”.
Deja presentadas algunas alternativas. Considera que se debe “trabajar sobre la cultura de quienes usan redes sociales para intentar educar a los usuarios en este sentido, creando conciencia de que una opinión debe hacerse con el máximo de cognición posible, porque dicho comentario va a tener inevitablemente efectos sociales generales y personales particulares”.
Y agrega que “en caso de que se perfeccione el abuso a la libre expresión, bregar porque la Justicia tenga la suficiente capacidad de poder juzgar y condenar al culpable y no permitir que por lagunas del derecho ante casos pioneros, el sistema judicial se justifique con cuestiones puramente procedimentales como acto reflejo, permitiendo que se concreten injusticias en nombre de la verdad.
