Gustavo Bordet ratificó que gestionará ante el gobierno de Alberto Fernández un nuevo esquema para la distribución de las regalías de Salto Grande, y una mayor participación en la conducción de la CTM.

Así lo hizo saber, tras la inauguración de viviendas XX de Septiembre , en el departamento Nagoya ante una consulta del periodismo local. “Ambas acciones nos permitirán desplegar las obras necesarias para diversificar la matriz energética y repensar el cuadro tarifario”, dijo el gobernador Gustavo Bordet.
Resaltó que “Salto Grande es de los entrerrianos, así lo establece la Constitución de 1994 y no tenemos hoy ningún beneficio tangible por la energía que generamos”.
En este sentido, precisó que en la actualidad Salto Grande genera una energía donde la distribuidora Camesa le paga el kilovatio a 440 pesos y esa misma distribuidora se lo vende a Enersa, la empresa provincial de energía a 1900 pesos. “Entonces ese desfasaje del precio de generación de la energía es lo que queremos corregir”, explicó el mandatario quien precisó que “si se corrige el precio de la generación de la energía, nosotros vamos a tener más regalías que lo que percibe Entre Ríos por eso”.
En este sentido, puntualizó que “al tener más regalías se podría hacer por ejemplo un rebalanceo del cuadro tarifario que beneficie a todos los entrerrianos”.
Puntualizó que “es un reclamo central, que insistimos todo este tiempo y no tuvimos éxito y que nos hemos comprometido en el acta que firmamos en Rosario con el nuevo presidente, Alberto Fernández”.

Entrega de viviendas
Bordet entregó viviendas a diez familias en XX de Septiembre. Con éstas suman 157 las unidades habitacionales inauguradas por el gobierno provincial en el marco del programa Primero tu Casa. Las mismas tuvieron una inversión de 13.342.610,53 pesos con recursos íntegramente provinciales.
“A estas políticas de construcción de viviendas queremos darle una continuidad en la gestión que viene, y estamos muy entusiasmados de poder realizarlo”, afirmó.
También manifestó “el compromiso de poder seguir trabajando en distintas acciones en bien de pequeñas localidades que tiene nuestra provincia de Entre Ríos, como es el caso de XX de septiembre, y con una novedad: que a partir del 10 de diciembre pasarán a ser comuna”.
Al respecto, Bordet expresó: “Esto no es un cambio de nombre, que pasan de Junta de Gobierno a comuna, esto significa un cambio sustancial, porque el presupuesto que está asignado para comunas es mucho mayor que el que se recibe para juntas de gobierno, con lo cual esto garantiza que haya más fondos para poder prestar más y mejores servicios, en XX de Septiembre y en otras varias juntas de gobierno que pasan a ser comunas”.
“A esto lo hacemos porque cumplimos con nuestra Constitución, que establecía la creación de comunas; lo hicimos en una etapa para determinadas juntas de gobierno y lo seguiremos haciendo progresivamente para otras”, reafirmó.
El mandatario reiteró además: “A mí me gusta mucho compartir con los vecinos de cada localidad sus vivencias, sus cosas cotidianas, y estar hoy aquí también representa una oportunidad para poder seguir trabajando en muchas más obras y cosas que se necesitan”.

Cañete advierte que la salud está quebrada y pide un debate
El ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, y el presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Rios (Iosper), Fernando Cañete, se reunieron para analizar aspectos relacionados a la obra social, y acordaron, entre otros puntos, que el Directorio Obrero derogará la Resolución referida al Maestro Orientador Integrador (MOI). La prestadora de salud seguirá brindando el servicio, pero estableciendo mecanismos de recupero en 2020.
Ballay y Cañete se reunieron para analizar aspectos relacionados al funcionamiento de la Obra Social, y particularmente, al referido a los MOI.

El Directorio Obrero de Iosper sostiene, desde 2016, que la Ley Provincia de Educación asigna la responsabilidad sobre los MOI al Consejo General de Educación (CGE). Al respecto, Ballay y Cañete analizaron el tema y abrieron un canal de diálogo, para que la prestadora de salud continúe brindando el servicio pero con mecanismos de recupero a partir de 2020.
Este principio de acuerdo entre el Gobierno e Iosper hará que el Directorio deje sin efecto la Resolución 2044/19, llevando tranquilidad a los casi 400 afiliados que reciben atención bajo esa modalidad.
Consultado por El Día de Gualeguay, el Presidente del Iosper aclaró que el conflicto lleva varios años hasta que la obra social resolvió ponerle punto final. “Han dicho que abandonamos a los discapacitados y no es así. En Entre Ríos se instrumentó la Ley 9891 que estableció las responsabilidades de las obras sociales en estos casos. En esa misma ley se estableció que cuando hay cuestiones pedagógicas es el CGE el que debe hacerse cargo. Incluso en el presupuesto 2019 del CGE está previsto este gasto de las maestras especiales. Desde el 2015 el Iosper se viene haciendo cargo sin tener partida presupuestaria para educación. Como no nos atendieron nos hicimos cargos nosotros hasta el 2019. Se gastan unos 60 millones de pesos por año, por eso a partir del 2020 aplicamos lo que dice la ley porque es el Consejo el que tiene habilitadas las partidas presupuestarias”, explicó.
Cañete contó que se reunió con padres en Paraná para escuchar el reclamo y “se generó un hilo conductor con Economía y Gobierno y resalto la predisposición de Ballay y Romero. Hay que instrumentar ahora mecanismos administrativos que nos garanticen el recupero de los 7 millones por mes que se invierten en esto. Se dará de baja entonces la resolución, cosa que ya se hizo, cubriremos el servicio, pero nos van a devolver estos fondos desde Economía”.
El titular de la obra social remarcó que “desde el Iosper se destinan recursos para cubrir las MOI cuando debería hacerlo el CGE. Nosotros tenemos recursos finitos que salen únicamente de lo que aportan los trabajadores. Entonces tenemos que ser cuidadosos”.
Sobre los atrasos en los pagos, Cañete finalmente explicó la situación: “nosotros asumimos en el 2014 y el dólar estaba a 8,48 y hoy está a 65 pesos. Hemos sufrido un embate, de la inflación impresionante. Esto repercutió en la salud y sus costos. De hecho venimos diciendo que la salud está en peligro. No es más la salud de la cafiaspirina. En Gualeguay hay dos afiliados cuyos medicamentos salen 80 millones al año. En tres afiliados hay 130 millones. Esta es la salud de hoy. Por eso pedimos la posibilidad de sentarnos a definir qué salud queremos y de dónde va a salir la inversión para cubrir los medicamentos de alto costo, las nuevas tecnologías y las leyes especiales”.

Se trata del Volante de Pago Ágil (VPA) y el Volante de Consolidación de Deuda (VCD). Ambos desarrollos facilitan la gestión de cumplimiento de obligaciones (vencidas o no) y operan mediante los servicios de ATER con Clave Fiscal AFIP.

En el marco de las políticas de modernización y servicios a los contribuyentes que lleva adelante el organismo fiscal, este miércoles se presentaron dos nuevas aplicaciones de uso electrónico masivo para la cancelación de los tributos provinciales.

El director ejecutivo de la ATER, Sergio Granetto, enmarcó el avance en que “desde 2016 hemos apuntado a la modernización del organismo, trabajando en la mejorar los servicios, ya sea sumando medios de pago o instrumentos web para facilitar la gestión, como también procesos y procedimientos más simples, mejores servicios de asistencia, y mejores espacios de atención». Y agregó: “Un objetivo claro es que el ciudadano, ya sea contribuyente o profesional, pueda realizar las tramitaciones con el organismo en forma electrónica, es un proceso gradual en el cual mes a mes vamos dando pasos concretos y ampliando nuestros servicios en línea”.

El Volante de Pago Ágil es un instrumento similar al conocido volante electrónico de pago (VEP) de AFIP mediante el cuál, a través de los Servicios de ATER con Clave Fiscal AFIP, se selecciona la obligación de cualquier impuesto provincial a pagar (vencido o no) y genera un código que el contribuyente puede ingresarlo y pagarlo inmediatamente desde HomeBanking o Cajero Automático de la Red Link.

En tanto, el Volante de Cancelación de Deuda (VCD) es otro instrumento electrónico que permite consolidar en un solo volante (única Boleta), numerosas obligaciones vencidas a elección y pagarlas en efectivo en las entidades habilitadas. De esta manera, se logran superar las restricciones operativas referidas a la cantidad de boletas con que pueden concurrir a pagar en las líneas de caja. También, esta aplicación permite cancelar el VCD mediante el sistema de débito directo en cuenta bancaria.

Cómo funcionan

Desde el área de sistemas de ATER señalaron que ambas aplicaciones operan mediante los Servicios de ATER con clave fiscal AFIP desde el menú «PAGAR». En ambos casos, en 5 pasos similares se seleccionan los impuestos, los plazos y modalidades, como así consultar los volantes generados.

Finalmente, recordaron que en el caso del volante de pago ágil (VPA) sólo opera con entidades y cajeros de la red LINK.

Para mayor información, invitan a los contriobuyentes a conocer detalles en el sitio web del organismo www.ater.gob.ar o consultando al SAC 0810-888-2837 de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

(Prensa ATER)

Ocurre tras un acuerdo entre las licenciatarias de la marca, EMSA (Electrónica Megatone S.A) y Carsa S.A . Volverá a estar presente en localidades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Viedma, Neuquén y Rio Negro.

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Además, destacó que en medicamentos se abonó 1680 millones de pesos y 105 millones de pesos a centros asistenciales.

En lo que va de 2019 el Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper) liquidó 70 500 trámites de reintegro por 313 millones de pesos, informó el gerente de Administración del organismo, Arnoldo Schmidt, quien remarcó que se priorizan las prestaciones que representan riesgo de vida.
“La terrible crisis económica que enfrenta el país, con una fuerte inflación y la mega devaluación, no cortó la cadena de pagos de Iosper afirmó”, Schmidt, quien subrayó: “Nunca dejó de atender a sus afiliados, incluidos, a quienes necesitan las prestaciones vía reintegro”.
En ese sentido, el contador remarcó que el afiliado y los prestadores “deben saber que pese a la crisis económica, que obligó a la obra social a declarar la Emergencia prestacional (Resolución 1862), el Iosper “nunca dejó de pagar ni lo hará, pero se priorizan las cuestiones que representan riesgo de vida del afiliado (medicamentos, clínicas y sanatorios, médicos, anestesistas, bioquímicos y provisión de prótesis)”.
Al respecto, detalló que en lo que va de 2019 (enero a septiembre) “se liquidaron 313 millones de pesos trámites de reintegro (que corresponde a 57.000 afiliados), de los que se pagaron 302 millones de pesos, es decir, el 97% de la cantidad de trámites e importes y reintegros liquidados fue pagado”.
Además, precisó que del monto total liquidado “el 70% corresponde a prestaciones por discapacidad (219 millones de pesos, solo de reintegros por discapacidad que fueron liquidados) lo que expone que Iosper, a diferencia del gobierno nacional, nunca dejó de atender a personas con algún grado de discapacidad, siempre estuvo con ellos”.
En ese marco, el gerente de Administración pidió “un poco de paciencia, tolerancia y comprensión, porque los recursos son muy escasos, ya que se mantuvieron invariables, porque la variable de actualización de los ingresos de la Obra Social es cuando hay un incremento salarial de los haberes de los empleados públicos otorgado por el gobernador, Gustavo Bordet, no así el monto de las prestaciones asistenciales que se encuentra afectado muy fuertemente por dos variables externas no manejables ni por el gobernador ni por las autoridades de la Obra Social: la devaluación del peso y la inflación (37,7% en nueve meses, más del 53% interanual), que representan un impacto muy significativo mensualmente, ya que en la cantidad de prestaciones se observa el gasto prestaciones, es decir, la inversión que se hace en salud”.
Por otro lado, medicamentos “se pagó en medicamentos 1.680 millones de pesos, para que el conjunto de los 300.000 afiliados de la Obra Social no vean resentido en ningún momento la provisión de sus remedios”.

Este jueves comenzó en Concordia el intercambio en materia educativa con Francia, con una agenda de actividades entre el Instituto Superior en Disciplinas Industriales y Ciencias Agropecuarias de Concordia (Isdica) y Clermont Aurvergne francesa.

La ceremonia de apertura de las jornadas que se extenderán a lo largo de una semana, se desarrolló en el salón de actos de la Escuela Vélez Sarsfield de Concordia y participaron la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Irazábal de Landó; el subsecretario de Relaciones Institucionales e Internacionales del gobierno de Entre Ríos, Sergio Reggi; el viceintendente de Concordia, Armando Gay; el vocal del CGE, Gastón Etchepare; la directora departamental de Educación, Griselda Di Lello y la rectora del Isdica, Silvina Molina.

En la oportunidad, la presidenta del CGE, Marta Landó, dijo que «esto se realiza en un convenio marco que fue firmado entre el embajador de Francia y el gobernador Gustavo Bordet, al que posteriormente se sumó otro acuerdo entre el Instituto Superior en Disciplinas Industriales y Ciencias Agropecuarias de Concordia y el gobierno francés para hacer este intercambio entre institutos de nivel superior y luego se realizarán otras actividades».

La funcionaria resaltó: «Esto es una buena gestión en la conformación de un intercambio cultural que venimos realizando desde hace mucho tiempo que en esta actividad quedó plasmado».

Por su parte el viceintendente Armando Gay expresó: “Es un orgullo para nosotros que este tipo de experiencias se haga en Concordia. Celebramos esta iniciativa donde cada uno puso su parte y hoy podemos tener este intercambio de formación docente no universitaria».

En tanto, el vocal Gastón Etchepare felicitó «al instituto y al gobierno de la provincia de Entre Ríos porque esto es muy importante para la ciudad. Primero, por la rica historia que tenemos con descendientes franceses y las colonias, y luego por la rica experiencia en cuanto a trayectoria y experiencias en los institutos, donde traen buenas experiencias para compartir con nosotros y nosotros también compartiremos con ellos experiencias».

Sergio Reggi expresó: esta acción de cooperación internacional se asienta en diferentes convenios firmados oportunamente entre nuestro país y Francia, a los que nuestra provincia a través del gobernador, Gustavo Bordet. Un logro concreto de ese trabajo común, vinculado con las políticas educativas que viene sosteniendo la presidenta del CGE, Marta Lando; el vocal Gastón Etchepare y su equipo; conjuntamente con el director del Institut Français d’Argentine, Yann Lorvo; con quien se está promoviendo los intercambios y la internacionalización de la formación docente no universitaria, recibimos a una delegación del INSPË Clermont Auvergne, de Clermont Ferrand, Francia, que hoy inician su visita hasta el 31 de octubre; lo que nos permitirá compartir experiencias, prácticas educativas y pedagógicas sobre los modelos, las concepciones, los conocimientos y las metodologías en torno a la formación de los docentes”.

Las instituciones del intercambio

Inspé Clermont Auvergne pertenece a la Universidad Clermont Auvergne, una institución que asegura todas las misiones de la educación superior: investigación, formación profesional disciplinaria y didáctica, y participación en el desarrollo territorial.

El Inspé prepara a los estudiantes para las profesiones de enseñanza en el 1 o 2 grado y en la profesión de consultoría principal de educación mediante la movilización de la investigación (laboratorios ACTé, PHIER, CELIS, CHEC, LAPSO, LRL), los maestros de Inspé, UFRs y profesionales en educación escolar.

Inspé también ofrece una oferta orientada a otras profesiones de enseñanza, educación y formación (promoción de la salud, educación para necesidades especiales, formación de adultos, digital).

Sobre el Isdica

El Instituto Superior en Disciplinas Industriales y Ciencias Agropecuarias de Concordia se inició el 2 de septiembre de 1994, por Decreto N° 4329 del Ministerio de Gobierno, con dos carreras: 2 años para profesionales, y 4 años para técnicos y agro-técnicos de nivel medio. Desde el inicio el instituto, absorbió alumnos locales y de las localidades vecinas, comprendiendo un gran radio de la costa del río Uruguay: Concepción del Uruguay, Colón, Federación, Federal, Feliciano, Chajarì, San Salvador, sur de la provincia de Corrientes.

En cuanto a la oferta de estudios de este nivel, por las especialidades que ofrecía era el único en la zona. En 1999 con la Ley Federal de Educación N°24195 se reconvirtió este Profesorado, en el Profesorado en Educación Tecnológica, en respuesta a la demanda de contar con profesionales docentes titulados y competentes en el campo de la Tecnología, en los niveles EGB3 y Polimodal, con una fuerte formación disciplinar, donde la Práctica Docente se circunscribía a 3ro y 4to. año con Práctica Profesional y Residencia, respectivamente. Hoy, con un nuevo plan, se denomina Profesorado de Educación Tecnológica.

Transitando 2009, atravesados por las Resoluciones 24/07, 30/07, 46/08 y 72/08 Consejo Federal de Educación se creó el Profesorado de Educación Secundaria en Física.

En estos últimos cinco años, con planes actualizados según distintas normativas se sumaron a los existentes los Profesorados de Educación Secundaria en Química, en Matemática, en Biología y el Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en Concurrencia con el Título de Base.
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Las oficinas del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Entre Ríos permanecerán abiertas, el próximo domingo, durante las Elecciones Presidenciales. Podrán retirarse documentos pendientes de entrega, entre las 8 y las 18 horas.

Las dependencias de atención al público del Registro Civil, distribuidas en toda la provincia, brindarán atención para otorgar aquellos DNI que se encuentran pendientes de retiro.

En Paraná, atenderán en dichos horarios las oficinas del Centro de Documentación Rápida de Paraná, ubicada en calle Dean J.J. Alvarez, Escuela Hogar y San Agustín. Hay 600 DNI por retirar.

Se recuerda que para votar, al igual que para las elecciones anteriores, los documentos válidos son: el nuevo DNI tarjeta, libreta celeste, libreta verde, libreta cívica y libreta de enrolamiento, siempre y cuando coincida con la constancia del padrón.

En tanto, no se permitirá el voto de aquellas personas cuyo DNI se encuentre en trámite o corresponda a un ejemplar anterior al que figura en el padrón, pero sí todas las versiones posteriores a las que figuran en el mismo.

Las consultas y reclamos en torno al Padrón Electoral pueden realizarse ante el Tribunal Electoral de la Provincia de Entre Ríos o consultando al: www.tribunalelectoraler.gob.ar

Efectuados los descuentos el sueldo de bolsillo de un diputado nacional es de $149.162 mensuales, más un monto extra por desarraigo y gastos de movilidad que varía según las necesidades y la provincia de origen del legislador.

Este año los diputados nacionales recibieron un aumento del 32 por ciento en sus dietas respecto del año pasado. Se trata de una suba atada a la negociación paritaria de los empleados legislativos, la cual cerró con un incremento acumulado del 45,2% hasta marzo próximo; sin embargo, el presidente del cuerpo, Emilio Monzó, decidió recortar para los legisladores la última cuota de aumento correspondiente al mes próximo.

Con el aumento dispuesto, el salario bruto de un diputado nacional trepó a $ 218.935 mensuales, el cual está compuesto por la dieta, de $198.935, y los gastos de representación, de $20.000. Sobre este monto se descuentan los correspondientes aportes: el descuento más voluminoso se lo lleva el impuesto a las ganancias, que promedia los $48.770. En síntesis, efectuados los descuentos el sueldo de bolsillo de un diputado nacional es de $149.162 mensuales, más un monto extra por desarraigo y gastos de movilidad que varía según las necesidades y la provincia de origen del legislador.

En la Cámara alta, los senadores también recibirán las subas dispuestas en las paritarias, indicaron las autoridades del cuerpo. Sin embargo, a diferencia de la Cámara de Diputados, allí no se definió si se aplicará el recorte de la última cuota de aumento correspondiente a noviembre, por lo que el aumento neto podría trepar al 45% anual. «Es un tema que resolverán los presidentes de bloque», indicaron las fuentes consultadas en la Cámara alta.

En la Cámara de Diputados relativizaron el impacto de las subas salariales. En primer lugar, argumentan, estos aumentos van en línea con la suba del salario mínimo vital y móvil y, además, se ubican por detrás de la inflación que, según las estimaciones privadas, este año trepará al 54,9%. «En estos cuatro años la inflación trepó al 375%, mientras que, por negociación paritaria los aumentos a los empleados legislativos sumaron un 270% en total», indicaron las fuentes consultadas por el diario La Nación.

Asimismo, explicaron que los diputados y los senadores nacionales no cobran ingresos extra por aguinaldo, título ni por antigüedad, a diferencia de lo que sucede en los otros dos poderes del Estado. «El salario mensual de un legislador nacional es apenas superior al sueldo que percibe un funcionario con categoría de director con una antigüedad de diez años», indicaron.

Según un informe elaborado por la fundación Directorio Legislativo, el sueldo promedio de un legislador nacional argentino se ubica por debajo de las dietas que perciben sus pares de otros países de la región. En efecto, según ese informe un diputado ecuatoriano cobra, por mes, poco más de 5000 dólares; en Bolivia, un parlamentario percibe unos 3000 dólares. En la Argentina, el sueldo neto de un diputado nacional llega a los 2800 dólares.

Sin embargo, estos aumentos se disponen en un año de muy baja productividad legislativa. Por caso, en la Cámara de Diputados sólo hubo cuatro sesiones desde abril a la fecha; en el Senado, apenas hubo seis en el mismo período. Los legisladores, absorbidos por la campaña electoral, prácticamente no mantuvieron reuniones de comisión, primera instancia para la elaboración de las leyes.

Más de dos mil alumnos entrerrianos serán beneficiados con las mochilas de dibujo técnico que entregó el Consejo General de Educación a 54 escuelas técnica de gestión pública y privada. El monto invertido es de más de 2,5 millones de pesos.

La entrega se dio en el marco de un proyecto de Plan de Mejoras jurisdiccional elaborado por la Dirección de Educación Técnico Profesional del CGE, y aprobado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet), para la adquisición de 2.428 mochilas de dibujo técnico destinadas a escuelas técnicas públicas y de gestión privada por un monto total de 2.878.748 pesos.

El acto de entrega se realizó en Escuela Técnica Nº 21 Libertador General San Martín de Paraná, y estuvo encabezado por la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, acompañada de los vocales, Marisa Mazza, Ritas Nievas y Gastón Etchepare; el director de Educación Técnico Profesional, Héctor Andrés Rousset y el sub director, Mariano Brites; el secretario General de Amet, Andrés Besel, rectores, docentes y alumnos.

En la oportunidad, Marta Landó, sostuvo que con la entrega se busca “dar igualdad de oportunidades a todos los chicos que ingresan a nuestras escuelas técnicas, las que han sido muy requeridas».

Explicó que con estas acciones se intenta brindar “un mejor acompañamiento en la parte pedagógica, y que nuestros alumnos puedan contar con todos los elementos necesarios para garantizar una formación acorde con las exigencias del mercado laboral actual”.

La titular del CGE, destacó que “hay una gran demanda de parte de las familias para que sus hijos sigan una educación en escuelas técnicas y agrotécnicas».

Por su parte, el director de Educación Técnico Profesional del CGE, Héctor Andrés Rousset, valoró, el trabajo realizado y sostuvo que desde el organismo “trabajamos fuertemente en la oferta educativa de nuestras instituciones y estos aportes que brindamos hoy, son un kits de materiales que abarca la primera etapa del programa».

El objetivo del proyecto a nivel jurisdiccional busca implementar estrategias que contemplen acciones específicas para garantizar el acceso, permanencia y culminación de los trayectos formativos en la Educación Técnico Profesional, para los jóvenes en situación de riesgo social, por medio de igualdad de oportunidades.

La mochila contiene los siguientes elementos:

Tablero portátil 40 x50 c/paralela, escuadra acrílico 3732 30 cm 45 grados, escuadra acrílico 3732 30 cm 60 grados, escalímetro 170/1 30 cm, compás 227 AT 140 mm metálico, transportador acrílico 6722 10 C y portaminas 0,5 punta fija CPO PL.

Las escuelas técnicas que recibieron los elementos son:

Nº 01 Dr. Herminio J. Quirós, Colón
Nº 02 Canónigo N. Goiburu, Colon
N° 05 Prof. Carlos María Roude, Villa Elisa
Nº 06 Juan Antonio Forclass, San José
Nº 01 B. Gral. P. Echagüe, Concordia
Nº 02 Independencia, Concordia
Nº 01 Dr. A. Matteri, Diamante
Nº 114 Justo José De Urquiza, Gral. Ramírez
N° 4, Valle María
Nº 23 Caudillos Federales, Federal
Nº 01 Juan Domingo Perón, Feliciano
Nº 01 Pablo Stampa, Chajari
Nº 57 Fray Luis Beltran, Federación
N° 6, San Jaime
Nº 01 Dr. Luis R. Mac´Kay, Gualeguay
Nº 02 Víctor O. Andrade, Gualeguay
Nº 01 A. De Navío J M Sobral, Gualeguaychú
Nº 02 Pbro. José M. Colombo, Gualeguaychú
Nº 03 15 De Noviembre, Gualeguaychú
Nº 018 Gral. Manuel N. Savio, Urdinarrain
Nº 04 Pablo Roberto Broese, Larroque
Nº 01 «Augusto Widmann», Villa Paranacito
Nº 96 Cpto. H Omar Giorgi, Ibicuy
Nº 01 España, La Paz
Nº 44 Dr. Luis Federico Leloir, Bovril
E.E.T. Nº 01, Nogoya
N° 5 14 De Febrero, Aranguren
Nº 01 Gral. Francisco Ramírez, Paraná
Nº 02 Almirante G Brown, Parana
Nº 03 Enrique Carbó, Paraná
Nº 03 Tte Luis C. Candelaria, Paraná
N° 04, Paraná
Nº 05 Malvinas Argentinas, Paraná
Nº 021 Libertador Gral. J. De San Martín, Paraná
Nº 34 General E Mosconi, María Grande
Nº 58 Dr. Federico Hoenig, Hernandarias
Nº 068 Profesor F. Arce, Seguí
Nº 100 Puerto Nuevo, Paraná
Nº 139, Viale
N° 17, Cerrito
N° 18, San Benito
Nº 45 Félix B. Meyer, San Salvador
Nº 01 Osvaldo Magnasco, Rosario Del Tala
Nº 01 Ana Urquiza De Victorica, Concepción del Uruguay
Nº 02 Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay
N° 03 Dr. M. A. Marsiglia, Concepción del Uruguay
Nº 07, San Justo
Nº 13 Dr. Héctor B. Sauret, Concepción del Uruguay
Nº 79 José Benjamín Zubiaur, Basavilbaso
Nº 01 Dr. Pedro Radio, Victoria
Nº 01 Dr. C. M. Etchebarne, Villaguay
Juan XXXIII, Paraná
Fernando Torres Vilches, Santa Elena
María Reina Inmaculada, Paraná.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social y en articulación con el CGE, dispuso la apertura de comedores escolares los sábados para brindar el almuerzo en 210 instituciones educativas. Esta medida se enmarca en las diversas acciones que la provincia viene llevando adelante para fortalecer las políticas alimentarias ante una creciente demanda social, acorde a lo señalado desde la provincia.

La medida que dispone la apertura de 210 comedores escolares en toda la provincia los días sábado, es a partir de octubre y busca garantizar el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional de la población ante la situación social existente.
“El gobernador de la provincia Gustavo Bordet, ha marcado a las políticas alimentarias como prioritarias para poder garantizar el derecho a la alimentación y en esa definición se enmarca esta medida, para poder brindar mayor contención a la población más vulnerable que necesita de la presencia del Estado”, anunció la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta. “Esta acción se encuadra en una serie de estrategias que desarrollamos desde hace tiempo para fortalecer las políticas alimentarias y llegar a quienes más nos necesitan”, dijo la titular de la cartera social. En ese sentido, recordó, “venimos realizando las readecuaciones presupuestarias necesarias no sólo para hacer frente al incremento de los costos sino además para poder brindar contención a una demanda que va en aumento”.En el programa de comedores escolares la provincia pasó de invertir 175.678.362 pesos en 2016 a 529.149.698 pesos proyectado en 2019, lo que implica un incremento proyectado del 201 por ciento según lo señalado.

El directorio obrero del Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper) aprobó la resolución que estableció la emergencia prestacional hasta el 31 de diciembre de 2019. La medida busca garantizar a los afiliados el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud.

La institución priorizará el cumplimiento de las prestaciones en las que se encuentren en riesgo la vida de los afiliados, el suministro de medicamentos prescriptos según su nombre genérico y de prótesis (atendiendo las normas de compras vigentes) y el acceso a medicamentos e insumos para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas.

La norma aprobada por todos los directores obreros responde “a la gravísima coyuntura y la crisis que afecta al mercado de la salud, con su consecuente desorden en la ecuación y el equilibrio económico financiero que trae aparejado y que alcanza a las obras sociales”. Precisamente, este escenario genera un descontrol del gasto que pone en riesgo la sustentabilidad de los sistemas de salud y consecuentemente la asistencia de los afiliados por las dificultades en la realización de las compras (licitaciones desiertas, actualización permanente de precios e imposibilidad de realizar nuevas compras), ya que los aumentos sucesivos en el caso de los medicamentos han sido sólo en septiembre de hasta un 40 por ciento, y en las prótesis de hasta un 30 por ciento en las nacionales y hasta un 40 por ciento en la de origen importado.

La Resolución prioriza la atención de los afiliados y sus tratamientos pero implica una serie contenciones ya que deja claro que la salud, tanto individual como colectiva, “es el resultado de complejas interacciones entre procesos biológicos, culturales y económicos sociales que se dan en la población, con lo cual resulta obligatorio asumir que es sólo un asunto de política sanitaria y que no puede pensarse y diseñarse un modelo de salud que no esté contenido en un modelo de país y esta situación afectó el flujo normal de suministros de productos, especialmente los de procedencia extranjera y se encuentra afectado el sistema de provisión de medicamentos ante la imposibilidad en muchos casos de acceder a éstos, así como a insumos esenciales para la salud”.

En ese marco, Iosper priorizará el cumplimiento de las prestaciones en que se encuentre en riesgo la vida de los afiliados, el suministro de medicamentos prescriptos según su nombre genérico y de prótesis (atendiendo las normas de compras vigentes), el acceso a medicamentos e insumos para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas.

Además, mantendrá la política arancelaria y los prestadores deberán abstenerse de indicar derivaciones fuera de la provincia. Por otro lado, se suspenderá el ingreso de nuevas solicitudes de prestaciones de maestras orientadores integradoras, como asimismo todo otro que se realice y que no se corresponda estrictamente con una prestación de salud, “como ser aquellos destinados a prácticas deportivas ó actividades recreativas que no conlleven rehabilitación, quedando relevado el Instituto de brindar dichas coberturas”.

Por otro lado, se facultó al presidente del Directorio a “conformar un Comité Auditor de Emergencia Prestacional para evaluar la conducta prescriptiva de los prestadores en el marco de esta normativa y los convenios celebrados con las entidades que los nuclean; evaluar y establecer valores de referencia en el marco de la emergencia para las distintas prestaciones; elaborar un protocolo de Oncología en coordinación con el Ministerio de Salud, con el propósito de unificar criterios, teniendo como objetivos el estar compuesto por medicamentos de eficacia altamente comprobada, con alto perfil de seguridad y con experiencia profesional en su manejo; y disponer un estricto seguimiento y control respecto a precios de referencia de insumos y medicamentos; prescripción de medicamentos por su nombre genérico; sustitución en la dispensación, por parte de profesional farmacéutico, del medicamento recetado con marca registrada, por un medicamento que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica, cantidad de unidades por envase y menor precio”.

Además, se realizará “un estricto seguimiento y control en relación a la emisión de órdenes, indicación de derivaciones sin justificación, indicación de elementos protésicos sin justificación médica basada en evidencia científica y costo beneficios; y/o cualquier otra práctica que vaya contra el espíritu de la presente emergencia”, y se evaluarán “las conductas prescriptivas individuales de los prestadores pudiendo sugerir en su caso medidas sancionatorias”.

(Prensa Iosper)

La joven sentenciada a perpetua por el asesinato de su novio reactivó su cuenta de Facebbok y posteó imágenes desde la cárcel.  Continuar leyendo →

Un informe del Centro de Estudio de Desarrollo Macroeconómico (Cedma) reveló que la provincia dejará de percibir 3.857 millones.

Las últimas medidas post-electorales tomadas por el gobierno nacional apuntan a la quita absoluta de IVA, la suba del 20 por ciento del piso mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, y la devolución de los impuestos pagados hasta septiembre por parte de los monotributistas.
Asimismo, se debe adicionar la quita del Fondo Federal Solidario que estaba destinado a las obras públicas de los municipios.
El costo fiscal total de estas medidas, de septiembre a diciembre de este año, se calcula en 62.479 millones de pesos, de los cuales se coparticipan las perdidas entre las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tesoro nacional y la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

Mínimo no imponible
Tras los incrementos del mínimo no imponible, y la devolución de los impuestos a monotributistas dispuestos por Nación, se estima que la reducción de los ingresos del fisco rondaría en los 51.117 millones de pesos.
El 57 por ciento de las perdidas serán asumidas por los 24 distritos, siendo Buenos Aires el de mayor perjuicio, con poco más de 6.000 millones de pesos (11,75 por ciento). Le siguen Córdoba y Santa Fe con 2.444 millones de pesos menos para sus arcas. En tanto Entre Ríos descontará 1.365 millones de pesos, que representan el 2,61 por ciento de la coparticipación.
Por su parte Nación absorberá el 34 por ciento de las pérdidas (17.758 millones de pesos), y el Anses poco más del 7 por ciento.
Municipios
La provincia de Entre Ríos disminuiría en términos de recursos económicos para lo que resta del año, 1.335 millones de pesos. Esto, a su vez, implicaría una reducción de recursos para los municipios ya que, de esta suma, 257.927.000 pesos se destinan a la coparticipación entre los distintos municipios. En ese contexto, Paraná es el municipio que mayormente se verá perjudicado, reduciendo sus saldos coparticipables en poco más de 38 millones de pesos, seguido por Concordia, que descontará de sus recursos 24 millones de pesos, y Gualeguaychú y Concepción del Uruguay con 13,5 millones y 11,7 millones respectivamente.
El resto de los municipios se verá afectado en reducciones que van de 6,7 a 1,3 millones de pesos.

Menos recursos
En agosto de 2018, el gobierno nacional tomó la medida de eliminar el Fondo Federal Solidario (Fofeso), a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30 por ciento de la recaudación de los derechos de exportación a la soja. El ahorro fiscal para la Nación, luego de eliminar la coparticipación de estos recursos, se calculó en más de 15.363 millones de pesos para 2018 y 45.684 millones de pesos en 2019.
Entre las provincias más afectadas, Entre Ríos se encuentra en quinto lugar, dejando de percibir, producto de la eliminación de la coparticipación del Fondo Sojero, desde septiembre 2018 a diciembre 2019, un total de 3.000 millones de pesos. Y aplicando los índices de coparticipación establecidos para los municipios, estos perderían en su conjunto 900 millones de pesos, siendo los más afectados Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

Luego de finalizado el Régimen de Normalización Fiscal en junio, en el que miles de contribuyentes regularizaron su situación ante el fisco provincial por unos 2.000 millones de pesos, la ATER lanza un nuevo programa atento a la coyuntura económica actual.

El Programa está motivado en los efectos de las políticas macroeconómicas vigentes sobre el entramado productivo y comercial de la provincia, la necesidad del gobierno de sostener la atención de los programas prioritarios en materia sanitaria y social, buscando compensar el impacto negativo de las medidas del gobierno nacional sobre la coparticipación a la provincia y los municipios.

El esquema representa una medida de excepción, con vigencia hasta el 30 de diciembre, en tanto se espera un cambio de rumbo y condiciones del modelo económico nacional, buscando sostener y contener la situación de regularidad fiscal de empresas con problemas económicos y financieros.

Las principales características del Programa de Regularidad Fiscal son:

· Para deudas vencidas al 31 de agosto, debiendo tener pagas las obligaciones que venzan con posterioridad para poder acceder al Programa.

· Prevé hasta 36 cuotas.

· El porcentaje de anticipo es de 5 a 10 por ciento según la cantidad de cuotas. El porcentaje de anticipo se duplica si ya se encuentra en estado judicial.

· No implica quita de accesorios devengados.

· Hay tres categorías de contribuyentes según su nivel de deuda: A personas humanas hasta 100.000 pesos de deuda actualizada, B: los que no entran en A, hasta 1 millón de pesos de deuda actualizada, C: con deuda actualizada de más de 1 millón de pesos. La categoría define algunos requisitos, el valor de la cuota mínima y el canal para tramitarlo (vía web para B y C).

· Las tasas de interés, por debajo de las de mercado, van del 1,5 al 2,5 por ciento, según el plazo elegido.

No se suspenden las acciones de cobranza del organismo en tanto no se ingrese al Programa.

Reclamaron también que se retrotraigan los valores al 10 de agosto. En los últimos 15 días, algunos productos aumentaron un 20%. «El sector de los adultos mayores es el que siente el aumento con más rigor», advierten.

Organizaciones de defensa de usuarios y consumidores le pidieron al Gobierno que congele el precio de medicamentos hasta fin de año. Reclamaron también que se retrotraigan los valores al 10 de agosto, previo a la devaluación pos-PASO. En los últimos 15 días, algunos productos aumentaron un 20%, «una corrección de precios apresurada e injustificada», aseguraron.

Para poner en contexto el pedido, dirigido a la Secretaría de Comercio Interior, las organizaciones elaboraron una lista de 11 medicamentos, comparando su precio de venta. Por ejemplo, el Sifrol, indicado para adultos en el tratamiento de Parkinson, aumentó 450 pesos luego de las PASO. Según el relevamiento, el Dolo Glucoarrumalón (antiartrósico) subió de 1496 a 1617 pesos, mientras que hasta 2018 lo tenían valuado en $789.

El presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, afirmó que el precio de los medicamentos se incrementó el doble desde el año pasado y que esto se acrecentó tras el triunfo de Alberto Fernández el 11 de agosto.

Bussetti precisó que desde 2015 hasta la actualidad el aumento en este rubro fue de casi un 300 por ciento. «Creemos que la industria farmacéutica, de alguna manera, es la beneficiaria en todo esto. La devaluación se trasladó sin un análisis de costos, sin una autorización por parte del Ministerio de Salud y de forma unilateral», explicó el presidente de DEUCO.

Junto a otras organizaciones solicitaron que se dicte una medida de excepción y se retrotraigan los precios al 10 de agosto de 2019. Además, exigen que dicho congelamiento de precios se prolongue hasta el 31 de diciembre de 2019. «Estos incrementos afectan a miles de hogares argentinos, pero indudablemente el sector de los adultos mayores es el que lo siente con más rigor, poniendo en riesgo la salud de jubilados y pensionados», especificaron.
«Si hay un sector que tiene que tener control estricto es el de los medicamentos, como sucedió hasta 1988, antes de la asunción de Carlos Menem, que estaban regulados por el Estado y tenían precios máximos fijados por el éste. Cada vez que había un aumento debía ser autorizado por el Ministerio de Salud», analizó Bussetti.

La petición fue firmada por la Unión de Consumidores de Argentina, la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (Femudeco), el Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (Codec), los Usuarios y Consumidores Unidos, la Unión de Usuarios y Consumidores, la Acción del Consumidor (Adelco) y la Protectora ADC, entre otras organizaciones.