La iniciativa crea un programa que apunta a prevenir, detectar e intervenir ante hechos de violencia o agresión hacia el personal docente por parte de los alumnos y/o familiares en el ámbito escolar.
El proyecto dispone también la creación de “un mapa de riesgo de violencia escolar” que permitirá la construcción de abordajes específicos para cada región.
El proyecto ingresó el viernes a la Cámara de Diputados de la Provincia y fue presentado por el diputado Pedro Báez.
Tiene como fin “crear un programa de prevención, detección e intervención ante los hechos de violencia y/o agresión hacia el personal docente, por parte de los alumnos y/o familiares de estos en el ámbito escolar”.
Tras definir como “violencia” a “la agresión física y/o verbal, el hostigamiento, maltrato, menosprecio o perturbación emocional e intelectual”, se establecen los objetivos del proyecto.
En este sentido, se menciona el objetivo de “generar un equipo de intervención en crisis para asistir en el territorio provincial a todo docente” y el de “crear un mapa de riesgo de violencia escolar que permita la construcción de abordajes específicos para cada región”.
También se proyecta “articular programas y acciones en el ámbito provincial y nacional en materia de prevención y asistencia en caso de violencia al personal docente y promover las relaciones con organismos e instituciones nacionales e internacionales con fines similares”.
La promoción de talleres y jornadas educativas y de prevención, y “la disposición de un espacio de comunicación directa, Estado-docente, para la resolución inmediata en situaciones de crisis o riesgo” son otros de los objetivos.
También se prevé “la asistencia profesional directa al personal educativo” y la organización de “mesas de gestión con el Equipo Central Provincial, Monitor, docentes, Concejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia (Copnaf), alumnos, familiares de estos últimos y/o cualquier otra institución que se considere oportuna”.
El artículo 4º del proyecto dispone que “el Consejo General de Educación (CGE) será la Autoridad de Aplicación” y que se crea un “Equipo Central Provincial” y un equipo “monitor” para hacer operativa la iniciativa.
El denominado “Equipo Central Provincial” será el encargado de “asistir en el territorio provincial a todo personal docente vulnerado en sus funciones o su persona por hechos de violencia y/o agresión por parte de los alumnos y/o familiares de estos en el ámbito escolar”. Estará integrado por un equipo interdisciplinario y, entre otras funciones, tendrá la facultad de “resolver los conflictos denunciados u observados, dictaminando la prospectiva a seguir” y de “trabajar in situ, y ofrecer soluciones caso por caso”.
Por otra parte a través de la iniciativa se crea la figura del “Monitor del Programa”, que estará integrado por dos docentes por departamento, que serán seleccionados por el Equipo Central Provincial a propuesta de las entidades sindicales del sector, y al cual se los entrenará para la actividad propuesta.
Sus funciones serán “definir las variables de riesgo de un docente en el ámbito escolar, elevar los informes pertinentes inmediatos frente a cada situación y, junto al Equipo Central Provincial, se situará en el campo y ofrecerá las alternativas que el caso amerite”.
A su vez será el encargado de “solicitar la intervención del Equipo Central Provincial, todas las veces que sea necesario, para intervenir en los hechos de violencia ocurridos en el establecimiento escolar” y deberá “conformar un mapa de riesgo en la departamental correspondiente”.
